El Ministerio Público Fiscal identificó nuevos activos de los condenados en la causa Vialidad para cubrir el fraude estatal. El pedido incluye propiedades de la familia Kirchner, empresas de Lázaro Báez y ahorros de Florencia Kirchner.
El Ministerio Público Fiscal identificó nuevos activos de los condenados en la causa Vialidad para cubrir el fraude estatal. El pedido incluye propiedades de la familia Kirchner, empresas de Lázaro Báez y ahorros de Florencia Kirchner.
El fiscal federal Diego Luciani y su par Sergio Mola presentaron un nuevo dictamen ante el Tribunal Oral Federal 2 para ampliar el decomiso de bienes en el marco de la ejecución de la sentencia por la causa Vialidad.
La medida busca recuperar activos por un valor total de 685.000 millones de pesos, monto fijado por la Justicia como perjuicio económico al Estado tras la administración fraudulenta en la obra pública de Santa Cruz.
Asimismo, la solicitud del Ministerio Público Fiscal abarca un total de 141 inmuebles y 46 vehículos. Según el detalle técnico, 13 de estas propiedades pertenecen a las sociedades Los Sauces y Hotesur, vinculadas a la familia de la ex presidenta Cristina Kirchner, mientras que las 128 restantes corresponden a firmas relacionadas con el empresario Lázaro Báez. Con esta nueva identificación de activos, la cifra total de propiedades sujetas a decomiso asciende a 252.
Entre los bienes destacados en el escrito fiscal figura el departamento ubicado en la calle San José 1111, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar donde la ex mandataria cumple su arresto domiciliario.
Además, se incluyeron el hotel La Aldea en El Chaltén, el hotel Alto Calafate y unidades habitacionales en el complejo Madero Center. Respecto a los activos financieros, la fiscalía reclamó la posesión de 4.664.000 dólares hallados en una caja de seguridad y casi un millón de dólares adicionales depositados en cuentas bancarias a nombre de Florencia Kirchner.
Los fiscales fundamentaron la urgencia del pedido en que los plazos para que los condenados depositaran el dinero del perjuicio vencieron hace meses sin que se registraran ingresos. En el dictamen, Luciani calificó la situación como una resistencia que dilata el recupero de activos ordenado por sentencia judicial. El escrito señaló que existe una interconexión económica entre las sociedades familiares y el entorno de Báez que justifica el avance sobre estos bienes específicos.
El proceso administrativo ahora depende del Tribunal Oral Federal 2, que deberá resolver si integra estos activos al listado que ya se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia. Hasta el momento, las defensas recurrieron las órdenes previas de decomiso ante la Cámara Federal de Casación, lo que mantiene una instancia de revisión sobre la titularidad definitiva de los bienes.
La justicia determinó que la maniobra defraudatoria se extendió durante doce años mediante el direccionamiento de 51 licitaciones viales. El enfoque de la fiscalía apunta a que la recuperación de estos activos es una medida necesaria para restaurar la confianza en las instituciones públicas y reparar el daño provocado por el sistema de corrupción investigado.
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