Más de 200 presos políticos iniciaron un ayuno de protesta ante su exclusión de la Ley de Amnistía. Familiares y ONG denuncian falta de atención médica, mientras las cifras oficiales de liberaciones contrastan con las verificaciones de los organismos civiles.
La implementación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática generó una crisis interna en el centro penitenciario El Rodeo I. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) confirmó que 213 internos se declararon en huelga de hambre desde el pasado viernes. La medida responde al descontento por las limitaciones de la normativa y la lentitud en los tribunales para ejecutar las boletas de excarcelación.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó que el proceso marchaba con celeridad y mencionó cientos de liberaciones.
No obstante, las cifras de las organizaciones independientes presentan un panorama distinto. El Foro Penal verificó solo 16 salidas con libertad plena hasta el domingo, mientras que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) pudo confirmar 19 casos. Esta discrepancia alimentó la angustia de las familias que mantienen vigilias en las inmediaciones del penal.
La protesta tiene un fuerte componente de detenidos extranjeros y efectivos militares, sectores que enfrentan mayores obstáculos legales. Entre los huelguistas se encuentra el gendarme argentino Nahuel Gallo, de 26 años, y los ciudadanos hispanovenezolanos Fernando Noya y Uaiparu Guerere.
Además, la normativa vigente, promulgada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, excluye de sus beneficios a quienes participaron en rebeliones militares o delitos considerados graves.
El director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, advirtió que aproximadamente 400 personas podrían quedar fuera del perdón legal debido a la delimitación de las 13 coyunturas políticas contempladas.
Por su parte, la activista Tamara Suju alertó sobre el precario estado de salud de los internos en El Rodeo I, una situación que motivó la entrada de una comisión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) el pasado domingo para realizar evaluaciones primarias.
Además de las liberaciones, los huelguistas exigen asistencia médica inmediata para casos críticos, como el del general Héctor Hernández Da Costa. El militar permanece recluido pese a contar con medidas internacionales que ordenan su libertad. Su familia, junto a otros allegados, denunció que la falta de insumos y el aislamiento agravan las patologías previas de los detenidos.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos convocó a una concentración este lunes 23 de febrero en la Universidad Central de Venezuela (UCV) para visibilizar el conflicto.
La intención es presionar a la comisión parlamentaria para que revise una lista de 232 casos que el Foro Penal considera excluidos de forma injusta. El escenario plantea una interrogante sobre si la ley logrará la reconciliación prometida o si las restricciones técnicas mantendrán las celdas ocupadas en el mediano plazo.
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