El Senado aprobó el Régimen Penal Juvenil con 44 votos a favor, estableciendo un marco legal para adolescentes de 14 a 18 años. Pese a la introducción de sanciones escalonadas, la ley genera fuertes críticas debido a la incertidumbre presupuestaria a nivel federal.
El Senado de la Nación convirtió en ley este viernes el nuevo Régimen Penal Juvenil, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que reduce la edad de punibilidad de 16 a 14 años en Argentina. La votación resultó en 44 adhesiones provenientes de La Libertad Avanza (LLA), el Pro, la UCR y bloques provinciales, frente a 27 votos negativos del interbloque kirchnerista y una abstención.
La normativa establece un sistema judicial especializado para menores de entre 14 y 18 años. El texto aprobado contempla que la privación de la libertad sea una medida excepcional, aplicable solo en delitos graves como homicidios, secuestros o abusos sexuales.
Asimismo, fija una pena máxima de 15 años de prisión y prohíbe expresamente la reclusión perpetua para menores de edad.
Durante la sesión, el eje de la discusión se desplazó hacia la viabilidad económica del proyecto. El senador por Chaco, Jorge Capitanich, advirtió que los fondos destinados por el Gobierno nacional resultan insuficientes para las 24 jurisdicciones.
Según estimaciones presentadas por el bloque opositor, el costo de construcción permitiría apenas escasa infraestructura especializada por provincia.
Por su parte, el senador por Córdoba, Luis Juez, rechazó los cuestionamientos presupuestarios y defendió la necesidad de una respuesta estatal ante la utilización de menores inimputables por parte de organizaciones criminales para cometer delitos violentos.
A diferencia del régimen anterior (de 1980), la nueva ley introduce figuras como el supervisor judicial especializado y prioriza la resocialización. Los jueces podrán disponer sanciones no privativas de la libertad, tales como tareas comunitarias, monitoreo electrónico o reparación del daño, siempre que el delito no supere los diez años de pena.
El oficialismo, encabezado en el recinto por la senadora Patricia Bullrich, celebró la sanción como un avance hacia la justicia para las víctimas. En contraposición, el senador Martín Soria calificó la norma como crítica, argumentando que viola principios de culpabilidad disminuida y que provocará una saturación del sistema judicial.
¿Podrá el sistema transformar la teoría de esta ley en una práctica efectiva sin la infraestructura adecuada? El interrogante queda abierto mientras se aguarda la reglamentación definitiva.
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