La Agencia de Recaudación y Control Aduanero identificó inconsistencias operativas en Malte SRL, empresa que blanqueó 1,4 millones de dólares y mantuvo contratos con la Asociación del Fútbol Argentino. El informe oficial, presentado en causas judiciales, cuestiona la capacidad financiera de la firma ante volúmenes elevados de transacciones.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) calificó a la firma Malte SRL como una “usina sin capacidad operativa económica y financiera”. La medida surgió tras una investigación que detectó inconsistencias patrimoniales y vínculos directos con el entorno de Pablo Ariel Toviggino, actual tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Según el informe oficial, la compañía exteriorizó bienes por un total de 1,4 millones de dólares en el marco del reciente régimen de regularización patrimonial.
El organismo recaudador determinó que la sociedad funcionó como una estructura apócrifa para facilitar maniobras de evasión y lavado de activos. Entre las anomalías detectadas, los peritos señalaron cambios frecuentes de domicilio fiscal y una multiplicidad de actividades económicas sin relación entre sí.
Además, la empresa registró transferencias recurrentes de vehículos de alta gama y maquinaria agrícola entre firmas del mismo grupo, lo que dificultó la trazabilidad de los fondos.
Uno de los datos que más impactó a los investigadores fue la nula correlación entre el volumen de facturación y la capacidad operativa de la firma. Malte SRL registró un solo empleado declarado durante casi todo el período analizado, quien además reside en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que la sede impositiva de la empresa figura en Santiago del Estero.
Paralelamente, la dirección IP utilizada para la emisión de comprobantes electrónicos permitió rastrear conexiones con otras sociedades como Carbello SRL y Servicios Lindor SA.
El informe técnico de la Dirección General Impositiva (DGI) reveló que esa misma dirección IP fue utilizada por familiares directos de Toviggino, incluyendo a sus hijos y su cónyuge.
Esta evidencia digital vinculó al dirigente del fútbol con una estructura que, en 2022, recibió pagos de la AFA por 550 mil dólares para la implementación del sistema VAR y otros 4,8 millones de pesos por la provisión de test de coronavirus.
Estas revelaciones se integraron a la causa que lidera el juez federal Diego Amarante, quien investiga a la cúpula de la AFA por la presunta apropiación indebida de aportes impositivos.
La justicia estimó que la entidad retuvo y no depositó fondos de la seguridad social por un monto superior a los 19.300 millones de pesos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
El magistrado citó a indagatoria al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero Toviggino, a quienes les prohibió la salida del país. La instrucción judicial también rastrea el desvío de más de 300 millones de dólares hacia sociedades extranjeras y firmas offshore, en un circuito que habría operado fuera del sistema bancario argentino.
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