Estructuras institucionales de persecución política permanecen operativas tras la salida de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Misión de Determinación de los Hechos reportó 87 nuevas detenciones y denunció falta de transparencia en leyes de amnistía vigentes.
La maquinaria institucional y legal que facilitó violaciones a los derechos humanos en Venezuela continúa intacta. Así lo informó este jueves la Misión Internacional Independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
A pesar del derrocamiento de Nicolás Maduro a principios de año, los investigadores advirtieron que el sistema de persecución no ha sido desmantelado por la administración interina de Delcy Rodríguez.
Desde el 3 de enero de 2026, la Misión documentó al menos 87 nuevas detenciones por motivos políticos. Este indicador sugiere que la práctica de silenciar la disidencia persiste bajo el mando actual.
María Eloísa Quintero, experta de la Misión, afirmó ante el Consejo de Derechos Humanos que no existe una reforma real mientras los mandos militares señalados por crímenes de lesa humanidad conserven sus posiciones de poder en el Ejecutivo y las fuerzas de seguridad.
El informe detalló que, entre septiembre y diciembre de 2025, el país atravesó un periodo de represión intensa con 135 arrestos arbitrarios y patrones de tortura en centros clandestinos.
Aunque el nuevo gobierno aprobó una Ley de Amnistía el 20 de febrero, los expertos de la ONU cuestionaron su efectividad. Según el organismo, la norma carece de mecanismos para garantizar la verdad y la reparación de las víctimas, además de haber sido promulgada sin consulta pública.
Paralelamente, organizaciones no gubernamentales como Foro Penal señalaron discrepancias en las cifras de liberación. Mientras el gobierno declaró la salida de casi 2,200 prisioneros, los activistas denunciaron una falta de transparencia en las identidades y el número real de beneficiados.
Alfredo Romero, director de la ONG, sostuvo que el sistema de justicia todavía se utiliza como una herramienta de persecución activa contra opositores y periodistas.
La situación política suma complejidad debido a la presencia de Estados Unidos. La Misión de la ONU calificó la operación militar estadounidense del 3 de enero como una violación al derecho internacional, independientemente de las responsabilidades penales de Maduro.
Pese a controlar sectores estratégicos, Washington no ha impulsado un calendario electoral, priorizando en cambio acuerdos con la presidenta interina para modificar regulaciones en minería y petróleo.
El cierre de este ciclo de incertidumbre parece lejano. La Misión exigió acceso total al territorio nacional y la liberación inmediata de ciudadanos extranjeros y locales que permanecen bajo custodia. ¿Es posible alcanzar una institucionalidad democrática si los actores que ejecutaron la represión pasada dirigen la transición presente? El escenario actual deja más interrogantes que certezas sobre el futuro de la justicia en la región.
El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad se negó a ampliar su indagatoria por el fraude millonario en el sistema de compras del organismo. Su defensa espera la realización de una pericia sobre los audios que dispararon el escándalo. Garbellini también se negó a declarar.
El exsenador del PRO denunció que Binance le bloquea el acceso a sus inversiones porque el reconocimiento facial ya no lo identifica: la enfermedad neurodegenerativa que padece cambió sus rasgos. La plataforma respondió tras la viralización del reclamo.
Cecilia y Adriana Carranza tenían 18 años cuando fueron secuestradas en Córdoba durante la última dictadura. En diciembre de 2025, el EAAF encontró una muela en La Perla que coincide con el ADN familiar. Todavía no se sabe cuál de las dos hermanas apareció.
Según el último informe de la Universidad de San Andrés, el gobernador bonaerense es el dirigente con mejor imagen entre quienes rechazan al Gobierno. Javier Milei, aunque con altísima negatividad, no ocupa el último puesto del ranking en este segmento.
La salida de Abu Dabi, efectiva desde el 1 de mayo, debilita el control de precios del bloque y representa una victoria política para la Casa Blanca.
El extitular del organismo durante la gestión libertaria vuelve a Comodoro Py tras el secuestro de teléfonos que revelaron maniobras de sobornos y sobreprecios en insumos médicos.
La liquidación del agro no fue el único factor detrás de la mayor acumulación de reservas desde 2024. Las emisiones corporativas asoman como la clave para sostener el flujo
Fin a los aranceles fijos y menos costos de compraventa. El ministro adelantó un paquete de leyes para limitar el poder de los colegios profesionales, potenciar el crédito hipotecario y eliminar los “costos ocultos” de la construcción.
