Estructuras institucionales de persecución política permanecen operativas tras la salida de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Misión de Determinación de los Hechos reportó 87 nuevas detenciones y denunció falta de transparencia en leyes de amnistía vigentes.
La maquinaria institucional y legal que facilitó violaciones a los derechos humanos en Venezuela continúa intacta. Así lo informó este jueves la Misión Internacional Independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
A pesar del derrocamiento de Nicolás Maduro a principios de año, los investigadores advirtieron que el sistema de persecución no ha sido desmantelado por la administración interina de Delcy Rodríguez.
Desde el 3 de enero de 2026, la Misión documentó al menos 87 nuevas detenciones por motivos políticos. Este indicador sugiere que la práctica de silenciar la disidencia persiste bajo el mando actual.
María Eloísa Quintero, experta de la Misión, afirmó ante el Consejo de Derechos Humanos que no existe una reforma real mientras los mandos militares señalados por crímenes de lesa humanidad conserven sus posiciones de poder en el Ejecutivo y las fuerzas de seguridad.
El informe detalló que, entre septiembre y diciembre de 2025, el país atravesó un periodo de represión intensa con 135 arrestos arbitrarios y patrones de tortura en centros clandestinos.
Aunque el nuevo gobierno aprobó una Ley de Amnistía el 20 de febrero, los expertos de la ONU cuestionaron su efectividad. Según el organismo, la norma carece de mecanismos para garantizar la verdad y la reparación de las víctimas, además de haber sido promulgada sin consulta pública.
Paralelamente, organizaciones no gubernamentales como Foro Penal señalaron discrepancias en las cifras de liberación. Mientras el gobierno declaró la salida de casi 2,200 prisioneros, los activistas denunciaron una falta de transparencia en las identidades y el número real de beneficiados.
Alfredo Romero, director de la ONG, sostuvo que el sistema de justicia todavía se utiliza como una herramienta de persecución activa contra opositores y periodistas.
La situación política suma complejidad debido a la presencia de Estados Unidos. La Misión de la ONU calificó la operación militar estadounidense del 3 de enero como una violación al derecho internacional, independientemente de las responsabilidades penales de Maduro.
Pese a controlar sectores estratégicos, Washington no ha impulsado un calendario electoral, priorizando en cambio acuerdos con la presidenta interina para modificar regulaciones en minería y petróleo.
El cierre de este ciclo de incertidumbre parece lejano. La Misión exigió acceso total al territorio nacional y la liberación inmediata de ciudadanos extranjeros y locales que permanecen bajo custodia. ¿Es posible alcanzar una institucionalidad democrática si los actores que ejecutaron la represión pasada dirigen la transición presente? El escenario actual deja más interrogantes que certezas sobre el futuro de la justicia en la región.
Trabajadores estatales marcharán al Ministerio de Economía este lunes 3 de agosto en el marco de un paro nacional convocado por ATE, reclamando recomposición salarial y el freno a los despidos en el reinicio escolar.
De regreso en la Argentina, la cantante respaldó la actuación de María Becerra en la final, desestimó la controversia con la artista española y cuestionó los alcances de la cancelación en redes sociales.
Detuvieron en Villa Gesell a Lucía Sosa, acusada por el delito de abandono de persona tras la muerte de su hija de dos años, quien ingresó al hospital con un cuadro de asfixia obstructiva.
Kristalina Georgieva mantuvo reuniones en Casa Rosada con Javier Milei y el Gabinete ampliado, donde descartó nuevo financiamiento del FMI y pidió volcar la estabilidad fiscal hacia la economía real.
El oficialismo ratificó que no realizará modificaciones al capítulo de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que remueve topes a la adquisición de campos a extranjeros. Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger encabezan las negociaciones para la votación del 6 de agosto.
A pesar de la recuperación en sectores clave como minería y energía, el empleo privado registrado perdió 235.000 puestos desde fin de 2023. La industria y el comercio destruyen fuentes de trabajo, mientras las ramas en expansión automatizan procesos.
Together Business Consulting fue nombrada como agente de monitoreo para supervisar la cesión de seis millones de clientes tras la fusión con Telefónica.
Tras la polémica en redes sociales por un video viral, corrieron fuertes rumores de boicot y cancelaciones masivas. Sin embargo, los datos oficiales revelan otra realidad y confirman qué pasará con las cuatro funciones en el Movistar Arena.
