La maquinaria institucional y legal que facilitó violaciones a los derechos humanos en Venezuela continúa intacta. Así lo informó este jueves la Misión Internacional Independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
A pesar del derrocamiento de Nicolás Maduro a principios de año, los investigadores advirtieron que el sistema de persecución no ha sido desmantelado por la administración interina de Delcy Rodríguez.
Desde el 3 de enero de 2026, la Misión documentó al menos 87 nuevas detenciones por motivos políticos. Este indicador sugiere que la práctica de silenciar la disidencia persiste bajo el mando actual.
María Eloísa Quintero, experta de la Misión, afirmó ante el Consejo de Derechos Humanos que no existe una reforma real mientras los mandos militares señalados por crímenes de lesa humanidad conserven sus posiciones de poder en el Ejecutivo y las fuerzas de seguridad.
Continuidad del sistema judicial
El informe detalló que, entre septiembre y diciembre de 2025, el país atravesó un periodo de represión intensa con 135 arrestos arbitrarios y patrones de tortura en centros clandestinos.
Aunque el nuevo gobierno aprobó una Ley de Amnistía el 20 de febrero, los expertos de la ONU cuestionaron su efectividad. Según el organismo, la norma carece de mecanismos para garantizar la verdad y la reparación de las víctimas, además de haber sido promulgada sin consulta pública.
Paralelamente, organizaciones no gubernamentales como Foro Penal señalaron discrepancias en las cifras de liberación. Mientras el gobierno declaró la salida de casi 2,200 prisioneros, los activistas denunciaron una falta de transparencia en las identidades y el número real de beneficiados.
Alfredo Romero, director de la ONG, sostuvo que el sistema de justicia todavía se utiliza como una herramienta de persecución activa contra opositores y periodistas.