Complejos clave vinculados a la Guardia Revolucionaria sufrieron graves daños tras bombardeos atribuidos a EE. UU. e Israel. Autoridades locales advierten por un “alto potencial de víctimas”.
Complejos clave vinculados a la Guardia Revolucionaria sufrieron graves daños tras bombardeos atribuidos a EE. UU. e Israel. Autoridades locales advierten por un “alto potencial de víctimas”.
Varias empresas petroquímicas ubicadas en la provincia de Juzestán, al suroeste de Irán, sufrieron daños severos en sus instalaciones tras ser alcanzadas por ataques aéreos, según confirmaron medios estatales iraníes.
La ofensiva, atribuida a fuerzas de Estados Unidos e Israel, tuvo como blanco principal los complejos petroquímicos de Bu Ali y Bandar Imam.
De acuerdo con la agencia estatal Tasnim, los aviones de combate también golpearon la Zona Petroquímica Especial de Mahshahr, una región considerada el corazón productivo y logístico del sector energético iraní.
La elección de estos objetivos no parece ser azarosa. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, estas empresas funcionan bajo la órbita del gran grupo Persian Gulf Petrochemical Industries Company (PGPIC).
Este conglomerado es señalado por Washington como el “brazo de ingeniería del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)”, motivo por el cual el Departamento del Tesoro de EE. UU. ya había impuesto sanciones sobre estas filiales en 2019.
Al atacar estas plantas, la ofensiva no solo busca degradar la capacidad técnica de Irán, sino también cortar una de las principales vías de financiamiento de su aparato militar más influyente.
Más allá de los fierros retorcidos y los incendios, la preocupación principal radica en el costo humano. Valiollah Hayati, funcionario encargado de la seguridad en la provincia de Juzestán, fue tajante al señalar que existe un “alto potencial de víctimas” tras las detonaciones.
Este ataque se suma a una semana negra para la infraestructura persa. Cabe recordar que, a última hora del miércoles, una de las mayores plantas siderúrgicas del país fue atacada en la ciudad de Isfahán, lo que, en palabras de los medios locales, “mermó aún más la infraestructura clave del país”.
El impacto de estos bombardeos promete sentirse mucho más allá de los balances militares. La industria petroquímica es el sustento de la economía manufacturera iraní; de ella dependen productos de uso diario como plásticos, fertilizantes y diversos insumos básicos para la población.
Con su infraestructura dañada, Irán enfrenta ahora el desafío de una parálisis productiva que podría profundizar la crisis social y económica en un momento de máxima tensión regional.
La Ciudad cambió el sentido de circulación en calles de Almagro y Caballito, incluyendo Av. La Plata, Pringles y José Mármol. La medida, que modifica el recorrido de la línea 2, busca adaptar el tránsito para el Trambus.
Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N.º 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez y se concretaron en dos propiedades ubicadas dentro del country Terravista.
El Gobierno promulgó la Ley 27.820, que declara a San Miguel de Tucumán como capital simbólica de Argentina cada 9 de julio. La medida establece por rango legal que los actos centrales de la Independencia se realizarán en la provincia.
La justicia española advirtió que archivará en diciembre la causa por lavado de dinero contra Alejandro Betancourt si Estados Unidos no responde sus pedidos de informes. La inacción de Washington frena el avance de la investigación en Madrid.
La Corte Suprema de EE. UU. rechazó restringir el voto por correo para las elecciones de medio mandato. La decisión frena la ofensiva judicial del presidente Donald Trump y permite a un tercio del padrón votar con los métodos habituales.
Donald Trump manifestó su disposición a negociar la paz con Irán tras seis meses de conflicto armado. La iniciativa busca frenar la suba del combustible antes de las elecciones legislativas y estabilizar el tránsito comercial en el estrecho de Ormuz.
El presidente de Chile, José Antonio Kast, analiza el indulto individual para un centenar de condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. La medida, argumentada por razones de salud, generó una fuerte alarma en las organizaciones de víctimas.
El Servicio de Inmigración de Estados Unidos detuvo en Florida al periodista nicaragüense Luis Galeano, despojado de su nacionalidad por el régimen de Ortega. El comunicador, exiliado desde 2018, fue arrestado mientras trabajaba, manteniendo pendiente su solicitud de asilo.
