Federico Furiase y Felipe Núñez rompieron el silencio tras la controversia por los préstamos millonarios en el Banco Nación. Aseguraron que accedieron como “cualquier hijo de vecino”.
Federico Furiase y Felipe Núñez rompieron el silencio tras la controversia por los préstamos millonarios en el Banco Nación. Aseguraron que accedieron como “cualquier hijo de vecino”.
La polémica por el acceso a créditos hipotecarios del Banco Nación (BNA) por parte de altos funcionarios nacionales ha escalado hasta el corazón del equipo económico. En una defensa coordinada, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el director del BICE y asesor ministerial, Felipe Núñez, negaron haber recibido privilegios o tasas preferenciales, enmarcando sus deudas millonarias como operaciones comerciales estándar disponibles para cualquier ciudadano apto para el crédito.
La controversia estalló al conocerse que una decena de funcionarios del círculo íntimo de Luis Caputo —incluyendo legisladores y directores de organismos— figuran como beneficiarios de préstamos UVA a 30 años. Según los registros, Núñez presenta una deuda de $373 millones (aprox. USD 315.000) desde febrero de 2025, mientras que Furiase posee un crédito de $367 millones otorgado en agosto del mismo año.
Durante una entrevista en el canal de streaming Carajo, Núñez argumentó que la elección del Banco Nación fue una decisión lógica de mercado. “Fuimos como cualquier hijo de vecino. Elegimos el BNA porque cobramos el sueldo ahí, somos clientes y, lo más importante, era la tasa más competitiva del mercado”, explicó el funcionario. Además, subrayó que los funcionarios representan menos del 0,2% de los 27.000 créditos otorgados por la entidad bajo esta gestión.
Por su parte, Furiase aclaró la situación patrimonial que generó suspicacias respecto a una presunta “tercera vivienda”. El secretario de Finanzas detalló que el crédito solicitado fue para una segunda vivienda a una tasa más alta y que la propiedad adicional que figura en su haber es, en realidad, una donación de derechos de usufructo de sus padres sobre la cual posee un 33%, pero donde no reside desde el año 2010.
Ambos funcionarios aprovecharon la polémica para reivindicar el rumbo de la macroeconomía. Según Furiase, la ventana del crédito hipotecario se abrió gracias a la estabilidad lograda en 2024, que permitió a los bancos dejar de prestarle al sector público para volcarse a las familias. “Hoy los bancos prestan el 50% de su activo a empresas y familias, e invirtieron la ecuación que antes privilegiaba al Tesoro o al BCRA”, evaluó el titular de Finanzas.
Lejos de mostrarse a la defensiva, el ministro de Economía, Luis Caputo, respaldó públicamente a su equipo. El titular del Palacio de Hacienda reveló que él mismo alentó a sus funcionarios a tomar los préstamos: “Se los sugerí yo. El desarrollo del crédito hipotecario es un motor de reactivación y la mayor justicia social para alguien que tiene trabajo”. Caputo calificó como “patético” el intento de judicializar o moralizar lo que considera una herramienta clave para profundizar el mercado de capitales.
Ante la repercusión del caso, el Banco Nación puso en marcha una auditoría interna para revisar cada legajo. Fuentes de la entidad estatal aseguraron que no hubo desvíos de los estándares vigentes y que toda la documentación será puesta a disposición de la Justicia para ratificar que no existieron tasas subsidiadas ni tratos preferenciales para los integrantes del Gobierno.
La lista de beneficiarios, que incluye nombres como Alejandro Bongiovanni, Santiago Santurio y Mariano Campero, entre otros, sigue bajo el escrutinio público mientras el Gobierno intenta capitalizar el ruido mediático para instalar los créditos UVA como “el gran producto” para que los argentinos accedan a su casa propia
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