La Libertad Avanza logró dictámenes de mayoría en Diputados para la controvertida Ley Hojarasca, impulsada por Federico Sturzenegger, que busca derogar más de 70 normas “obsoletas”; la oposición cuestiona que el texto sea un caballo de Troya y denuncia que el oficialismo mantiene privilegios para legisladores y entidades ligadas al peronismo.
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados emitieron este martes dictamen de mayoría al proyecto de Ley Hojarasca. La iniciativa, diseñada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, busca eliminar normativas que el Ejecutivo considera anacrónicas o limitantes de la libertad individual. El texto obtuvo 35 firmas de La Libertad Avanza y bloques aliados, mientras que Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría en rechazo.
Durante el plenario, el oficialismo cedió en puntos sensibles para garantizar el acompañamiento parlamentario. Entre los cambios más destacados, se decidió retirar la derogación de la Ley 20.959, que otorga a los integrantes del Congreso credenciales de libre circulación y estacionamiento.
Según explicaron los representantes gubernamentales, la decisión busca profundizar el debate sobre el alcance de estas normas en los tres poderes del Estado.
Asimismo, se mantuvo el financiamiento estatal para el Círculo de Legisladores y se excluyó la derogación de la Ley 11.380, que beneficia a las sociedades cooperativas con exenciones fiscales.
En el caso de la Federación Argentina de Municipios (FAM), el nuevo texto permite que la entidad reciba fondos privados, aunque mantiene el aporte del Tesoro Nacional de forma no exclusiva.
El debate estuvo marcado por la tensión entre los secretarios Alejandro Cacace y Maximiliano Fariña y los bloques opositores. Desde el Gobierno, se argumentó que la existencia de leyes de épocas de facto, como la regulación de reuniones en lugares cerrados o el “carnet de mochilero”, representan una deuda democrática.
Silvana Giudici, diputada de LLA, defendió la medida al afirmar que el desarrollo del país no puede estar atado a leyes de 1920 que han quedado en la obsolescencia tecnológica.
Por su parte, el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, calificó al proyecto como un “caballo de Troya”. El legislador advirtió que detrás de la eliminación de leyes curiosas, como la del padrinazgo presidencial (Ley del Lobizón), se esconden riesgos para el patrimonio nacional, citando la derogación de la Ley de Bienes Culturales como una posible amenaza para empresas estratégicas como ARSAT.
El anexo del proyecto incluye normas que van desde la obligación de comprar automóviles nacionales para el Estado hasta la fiscalización de palomas mensajeras.
También se propone eliminar leyes que permitían el aislamiento compulsivo de enfermos de lepra o que otorgaban premios en metálico por descubrir minas de carbón. El argumento oficial sostiene que estas regulaciones generan costos innecesarios y burocracia que dificulta la vida del ciudadano.
Pese al avance en comisiones, la sesión en el recinto debió postergarse por dificultades para asegurar el quórum. Se espera que el debate final se retome tras el informe de gestión que brindará el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el próximo jueves 29 de abril.
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