La Justicia procesó a la cadena Día por presunta evasión previsional mediante contratos de franquicia falsos para ocultar relaciones laborales. Con un embargo de 800 millones de pesos, se investiga la falta de aportes de miles de empleados entre 2015 y 2018.
El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2 ha dictado una resolución de gran impacto contra la firma Día Argentina S.A., al encontrar indicios suficientes para procesarla por una presunta defraudación sistemática a la seguridad social. La justicia investiga si la compañía utilizó de forma fraudulenta figuras legales como contratos de concesión y franquicias para enmascarar relaciones de dependencia directa, evadiendo así el pago de aportes previsionales. Como parte de esta medida judicial, se ha ordenado un embargo preventivo sobre los activos de la empresa por un total de 800 millones de pesos, cifra destinada a cubrir los montos supuestamente evadidos entre los años 2015 y 2018, además de potenciales sanciones y costas del proceso.
La pesquisa, encabezada por el magistrado Pablo Yadarola, se sustenta en el análisis de más de treinta episodios de evasión, algunos de ellos considerados agravados debido a la interposición de terceros para diluir la responsabilidad patronal. Entre las evidencias recolectadas destacan miles de correos electrónicos internos y escuchas telefónicas que sugerirían que el área de Recursos Humanos de la sede central tomaba decisiones operativas sobre el personal de las tiendas, tales como contrataciones, traslados y cesantías. Asimismo, la justicia detectó que miles de empleados rotaban entre distintos puntos de venta supuestamente autónomos, lo que reforzaría la hipótesis de que las franquicias carecían de independencia comercial real y funcionaban bajo una estructura vertical unificada.
Otro punto determinante en la imputación es el control tecnológico y financiero que la casa matriz ejercía sobre los locales. Según el expediente, la empresa utilizaba un software especializado para manipular inventarios y valores de venta a distancia, mientras que la recaudación física y los pagos digitales eran gestionados directamente por la corporación. Ante estas acusaciones, la defensa de la cadena negó cualquier irregularidad, defendiendo la validez de su modelo de negocios y asegurando que se encuentran al día con sus obligaciones fiscales. No obstante, el juzgado rechazó los pedidos de sobreseimiento, considerando que el volumen de trabajadores afectados —que superaría los 12.000 dependientes— justifica la continuidad del proceso penal para determinar el alcance final de la responsabilidad empresarial.
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