El aumento del gasoil y una deuda de subsidios que alcanza los $130 mil millones obligaron a las empresas a recortar servicios. Advierten que la situación podría agravarse la próxima semana si no se cancelan los salarios de los choferes.
El aumento del gasoil y una deuda de subsidios que alcanza los $130 mil millones obligaron a las empresas a recortar servicios. Advierten que la situación podría agravarse la próxima semana si no se cancelan los salarios de los choferes.

La prestación del servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una situación crítica. Durante abril, las frecuencias cayeron en promedio un 18% respecto al año pasado, aunque algunas líneas registran mermas de hasta el 40%. La combinación de costos operativos desfasados y atrasos en los pagos estatales generó lo que los empresarios definen como una “tormenta perfecta”.
Según Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AETA), el principal detonante es la escalada del precio del gasoil, que pasó de $1740 en febrero a más de $2100 en marzo. “El cálculo de subsidios se hizo con el valor viejo”, explicó, señalando que el combustible es el segundo costo más importante del sector.
Claves del conflicto en el transporte:
Deuda millonaria: Las empresas reclaman $130.000 millones en subsidios impagos por parte de Nación y Provincia.
Subsidio social: La Nación adeuda más de $50.000 millones destinados a descuentos para jubilados y beneficiarios de AUH (Atributo Social).
Disparidad: Mientras la Ciudad de Buenos Aires está al día con los pagos, el resto del sistema sufre un “agujero financiero” operativo.
Efecto dominó: La reducción de frecuencias coincide con problemas en los trenes, duplicando el tiempo de espera en las paradas.
El conflicto podría escalar hacia una parálisis mayor el próximo jueves, cuarto día hábil del mes. Esa es la fecha límite para que las empresas abonen los salarios, que representan la mitad de sus costos totales. “Si no está la plata, es probable que el gremio no lo tolere y la situación se complique”, advirtió Fusaro.
Desde AETA aseguran que las empresas están haciendo lo imposible por no dejar unidades paradas, ya que sin kilómetros recorridos no hay ingresos. Sin embargo, advierten que, de no mediar una actualización de los fondos o una cancelación de la deuda, las reducciones de servicios se profundizarán de manera inevitable en los próximos días.
En las calles, el impacto es visible con largas filas y unidades que circulan al límite de su capacidad. La desactualización del flujo de fondos impide a las transportistas cubrir la totalidad de los recorridos programados, afectando la conectividad de millones de personas que dependen del sistema para trasladarse diariamente entre el conurbano y la capital.
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