Un Diputado denunció penalmente al Presidente de la Nación

El diputado Juan Marino denunció penalmente a Javier Milei por autorizar, mediante DNU, el ingreso de tropas estadounidenses para ejercicios militares. La presentación argumenta que saltear el debate en el Congreso viola la Constitución y configura abuso de autoridad.

Juan Marino

El diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Marino, promovió una acción penal ante los tribunales de Comodoro Py contra el primer mandatario, Javier Milei, a raíz del reciente desembarco de contingentes castrenses de origen estadounidense en territorio continental. El recurso legal, que cuenta con el asesoramiento técnico del constitucionalista Eduardo Barcesat, se encuentra bajo el análisis del Juzgado Criminal y Correccional Federal Número 10 y extiende las responsabilidades al cuerpo ministerial que refrendó la medida regulatoria, abarcando a las máximas autoridades de las carteras de Defensa, Relaciones Exteriores y excoordinadores del gabinete nacional. La objeción principal radica en la utilización de un decreto de necesidad y urgencia para convalidar la permanencia de los soldados norteamericanos durante las maniobras tácticas coordinadas en instalaciones ubicadas en el centro y este del territorio nacional.

El denunciante puntualizó que las operaciones navales y terrestres, denominadas bajo claves logísticas de cooperación internacional, movilizaron a centenares de efectivos foráneos y contaron con la participación estratégica de una embarcación de gran envergadura equipada con propulsión por energía atómica que se adentró en aguas bajo jurisdicción económica del mar argentino. De acuerdo con el escrito presentado, la presencia de este equipamiento de alta tecnología motivó inclusive un traslado oficial de la comitiva presidencial hacia el navío de guerra con fines protocolares. Marino argumenta que saltear las instancias de debate parlamentario vulnera de forma flagrante los postulados explícitos del ordenamiento constitucional vigente, el cual confiere de modo privativo a las cámaras de Senadores y Diputados la atribución de permitir la entrada de armamento o milicias de otros Estados en suelo patrio.

La acusación formal solicita que la judicatura investigue la presunta comisión de las figuras delictivas de abuso en el ejercicio de las funciones públicas, violación de los deberes inherentes al cargo de gobierno y conductas que atenten contra los intereses esenciales de la nación. Desde el sector impulsor de la demanda se remarcó que esta medida judicial responde a una preocupación profunda por el viraje geopolítico de la Casa Rosada y su subordinación a los lineamientos de seguridad de Washington en un escenario global signado por disputas estratégicas entre potencias. Mientras avanza el trámite en las oficinas judiciales, los portavoces de la administración central han optado por mantener una postura de reserva, evitando emitir declaraciones públicas respecto al curso que tomará la investigación.

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