Las pruebas PISA revelaron un retroceso educativo en Argentina, donde solo el 7,8% de los alumnos alcanza conocimientos básicos en todas las materias. Matemática registró el peor nivel con un 76% de rezago, sumado a serios problemas de indisciplina.
Las pruebas PISA revelaron un retroceso educativo en Argentina, donde solo el 7,8% de los alumnos alcanza conocimientos básicos en todas las materias. Matemática registró el peor nivel con un 76% de rezago, sumado a serios problemas de indisciplina.

La novena entrega de los exámenes PISA reflejó cifras alarmantes para la educación argentina, donde apenas un 7,8% de los evaluados de 15 años superó los umbrales de conocimiento indispensables en la totalidad de las materias analizadas. El área de cálculo registró el escenario más desfavorable: únicamente el 24% demostró competencias numéricas elementales —distante del 65% registrado por la OCDE—, acumulando 367 unidades que posicionan al país en el lugar 75 sobre 91 naciones y en el octavo peldaño entre 13 pares de la región. Asimismo, la capacidad de interpretación textual evidenció que un 60% carece de los conocimientos indispensables para comprender escritos breves (con 389 puntos obtenidos), mientras que en disciplinas científicas solo un 41% alcanzó el nivel dos o superior.
El relevamiento, que involucró a 11.093 estudiantes de 412 instituciones locales, expuso además que la excelencia académica es marginal, ya que solo el 1% logró calificaciones destacadas en lectura y ciencias, y casi ningún participante las obtuvo en matemática. No obstante, un 14% de los jóvenes provenientes de contextos vulnerables se ubicó en los rangos superiores de rendimiento del país, sobrepasando el 12% registrado como promedio en la OCDE.
Los datos de la OCDE revelaron una contracción histórica generalizada de 22 puntos en matemática y 28 en lectura durante la última década, situando al 29% de los jóvenes del bloque en niveles insuficientes. En este contexto, economías asiáticas como Singapur y el conglomerado chino B-S-J-Z encabezaron la tabla global, al tiempo que se observó que la inversión económica no garantiza el éxito, puesto que territorios como Luxemburgo destinan US$ 288.521 por alumno pero consiguen marcas inferiores en ciencias que países con presupuestos marcadamente menores.
En el plano institucional interno, el informe alertó sobre un deterioro en el clima áulico: un 58% de los encuestados reportó desorden constante en sus clases, un 47% señaló falta de atención hacia los docentes y un 29% afirmó que resulta imposible trabajar. A esto se suman problemas de asistencia y puntualidad, con un 20% de ausentismo quincenal y un 66% de demoras en el ingreso, acompañados por un marcado descenso en la atención del entorno familiar sobre la rutina escolar de los adolescentes.
Pagni explica cómo Milei aprovecha la ambigüedad de Trump sobre Malvinas para retomar la iniciativa política. Tras las denuncias petroleras y las paradojas con Israel y Elsztain, Santiago Caputo refuerza la caja de la SIDE con retórica nacionalista.
Un informe de la UIA reveló que el 47,6% de las industrias tuvo dificultades para afrontar sus pagos en julio. La morosidad total alcanzó un récord histórico del 9,2%, impulsada por la menor demanda, mayores costos y competencia desleal.
El exministro Hernán Lacunza advirtió que el rumbo económico actual podría facilitar el regreso del kirchnerismo. El referente del PRO marcó diferencias institucionales y productivas con el Gobierno y ratificó su intención de consolidar una candidatura propia para 2027.
El juez Ariel Lijo rechazó suspender la pericia sobre los audios atribuídos al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo. El magistrado cuestionó el cambio de postura de la defensa y ratificó la continuidad del análisis sobre el material probatorio.
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La ANMAT amplió la alerta por la venta ilegal en internet de inyecciones para adelgazar y diez péptidos inyectables sin autorización. El organismo advirtió sobre graves riesgos para la salud debido a la falta de controles y evidencia científica.
Nación y Buenos Aires se enfrentaron tras la suspensión judicial del Régimen Penal Juvenil a los 14 años. Mientras la Casa Rosada acusó inacción provincial, la gestión bonaerense denunció falta de recursos e infraestructura para aplicar la reforma.