Nación y Buenos Aires se enfrentaron tras la suspensión judicial del Régimen Penal Juvenil a los 14 años. Mientras la Casa Rosada acusó inacción provincial, la gestión bonaerense denunció falta de recursos e infraestructura para aplicar la reforma.
Nación y Buenos Aires se enfrentaron tras la suspensión judicial del Régimen Penal Juvenil a los 14 años. Mientras la Casa Rosada acusó inacción provincial, la gestión bonaerense denunció falta de recursos e infraestructura para aplicar la reforma.
El freno dispuesto por la Justicia al nuevo esquema punitivo para adolescentes desató una fuerte controversia pública entre el Poder Ejecutivo Nacional y la administración bonaerense. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, responsabilizó al gobierno de Axel Kicillof por inacción frente a la resolución judicial, acusándolo de desproteger a las víctimas. En respuesta, el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, sostuvo que la baja de la edad de punibilidad carece de viabilidad operativa sin la asignación de recursos fiscales para adecuar la infraestructura edilicia, crear fiscalías especializadas y contratar personal.
Desde el gabinete provincial enfatizaron que el decreto resulta inaplicable si no se restituyen las partidas presupuestarias coparticipables, calificando la iniciativa impulsada por la gestión central como una medida meramente efectista.
El conflicto escaló a partir de la cautelar dictada por el Juzgado de Responsabilidad Penal N° 2 de Lomas de Zamora, que pausó provisionalmente la vigencia del régimen por dos meses. La titular del tribunal argumentó que la falta de plazas en los dispositivos de contención juvenil vulnera garantías constitucionales e incrementa los riesgos estructurales en el sistema de encierro.
Para evaluar alternativas de implementación y receptar informes sobre las previsiones presupuestarias, la magistrada dispuso una convocatoria obligatoria para mediados de mes con la participación de las principales carteras provinciales.
Pagni explica cómo Milei aprovecha la ambigüedad de Trump sobre Malvinas para retomar la iniciativa política. Tras las denuncias petroleras y las paradojas con Israel y Elsztain, Santiago Caputo refuerza la caja de la SIDE con retórica nacionalista.
Un informe de la UIA reveló que el 47,6% de las industrias tuvo dificultades para afrontar sus pagos en julio. La morosidad total alcanzó un récord histórico del 9,2%, impulsada por la menor demanda, mayores costos y competencia desleal.
El exministro Hernán Lacunza advirtió que el rumbo económico actual podría facilitar el regreso del kirchnerismo. El referente del PRO marcó diferencias institucionales y productivas con el Gobierno y ratificó su intención de consolidar una candidatura propia para 2027.
El juez Ariel Lijo rechazó suspender la pericia sobre los audios atribuídos al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo. El magistrado cuestionó el cambio de postura de la defensa y ratificó la continuidad del análisis sobre el material probatorio.
El Ministerio de Capital Humano atribuyó el deterioro educativo a las políticas de los últimos doce años de gestión kirchnerista. Tras el informe PISA, el Gobierno defendió sus Planes Nacionales de Alfabetización y Matemática para revertir el rezago histórico.
El Gobierno oficializó tres comandos unificados de seguridad para custodiar la visita del papa León XIV del 8 al 11 de noviembre. El operativo coordinará fuerzas federales e inteligencia en Buenos Aires, Luján, Claypole y Córdoba hasta 48 horas post-evento.
La ANMAT amplió la alerta por la venta ilegal en internet de inyecciones para adelgazar y diez péptidos inyectables sin autorización. El organismo advirtió sobre graves riesgos para la salud debido a la falta de controles y evidencia científica.
Nación y Buenos Aires se enfrentaron tras la suspensión judicial del Régimen Penal Juvenil a los 14 años. Mientras la Casa Rosada acusó inacción provincial, la gestión bonaerense denunció falta de recursos e infraestructura para aplicar la reforma.
