El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó nuevas medidas de prueba antes de tomar una decisión final sobre la situación patrimonial de Manuel Adorni, en el marco de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. La Justicia busca esclarecer una serie de inconsistencias detectadas tras analizar las 78 páginas de descargos presentadas por el exjefe de Gabinete.
Según el análisis exhaustivo realizado por el equipo fiscal, los ingresos y egresos no cuadran. Durante el período bajo investigación, la familia Adorni registró recursos lícitos por un total de $229.752.283,20, pero evidenció gastos que ascendieron a $272.820.832,20. Esta radiografía financiera arrojó una diferencia sin justificar de $43.068.549, convirtiéndose en el principal foco de atención del expediente.
Para intentar saldar estas irregularidades, el funcionario sostuvo en su presentación que su evolución patrimonial posee un “sustento razonable” respaldado por ahorros de casi 600.000 dólares. Según su justificación, este millonario fondo de reserva proviene íntegramente de la venta de criptomonedas realizadas entre los años 2017 y 2018.
Lejos de disipar las dudas, la explicación abrió un nuevo frente de investigación. La fiscalía sumó a sus planteos la sospecha sobre estos activos digitales debido a que las criptomonedas jamás fueron declaradas por Adorni ante el fisco durante años, omitiendo esta información tributaria obligatoria incluso mientras ejercía la función pública. Las nuevas medidas solicitadas por Pollicita apuntan a rastrear la trazabilidad, la veracidad y el origen exacto de estas operaciones para definir el futuro procesal del caso.