En el marco de una reestructuración profunda del sector aerocomercial, el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) dictaminó un cambio radical en la matriz de costos que abonan los pasajeros y las aerolíneas al operar en el país. A través de la resolución 69/2026, el Gobierno nacional aprobó el nuevo cuadro tarifario que regirá en los 35 aeropuertos administrados bajo la órbita del Grupo “A” del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA), actualmente en manos de la concesionaria privada Aeropuertos Argentina. Esta medida, que entrará en vigencia exacta a los 60 días corridos de su publicación oficial, marca un punto de inflexión estratégico: encarece la conectividad interna al dolarizar tributos, pero aplica una agresiva rebaja para potenciar el turismo recíproco de corta distancia con los países vecinos.
El impacto más notorio de la resolución recaerá sobre el mercado de cabotaje. La Tasa de Uso de Aeroestación (TUA), un ítem ineludible que abona cada usuario al embarcar y que las aerolíneas perciben directamente en el ticket como agentes de retención, dejará de estar anclada a la moneda nacional. La normativa establece que el cargo pasará de los actuales $5.685 a un monto dolarizado de US$ 9 por pasajero. Esta modificación estructural persigue, de acuerdo con los considerandos del texto oficial, el objetivo de “preservar la estabilidad de la contraprestación” a lo largo del tiempo. En la práctica, el esquema funciona como un mecanismo de indexación automática frente a las variaciones del tipo de cambio oficial, evitando que el Estado y la concesionaria deban realizar ajustes nominales recurrentes provocados por la inflación, pero trasladando el riesgo cambiario de forma directa al consumidor final que viaja por el interior del país.
Este incremento dolarizado no llega en soledad, sino que se inscribe en una ola de fuertes ajustes que engrosan el valor final de los pasajes aéreos locales. Durante los últimos meses, el ecosistema aeronáutico experimentó modificaciones superlativas en sus costos fijos operativos y de seguridad. Por un lado, la tasa de seguridad de la aviación —destinada al financiamiento de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)— saltó de un valor de $260 a $1.725 por viajero. Por otro lado, la tasa de seguridad operacional, cuya recaudación pertenece a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), sufrió un incremento exponencial al pasar de $20 a $6.500. Si a este combo de tasas (TUA dolarizada, PSA y ANAC) se le suma la carga impositiva de rigor, que incluye el IVA del 10,5% y el impuesto sobre los Ingresos Brutos (cuya incidencia ronda entre el 1% y el 5% según la jurisdicción), el costo impositivo de volar por la Argentina adquiere un peso determinante en el valor final del pasaje.
En claro contraste con el endurecimiento de las condiciones para el cabotaje, el nuevo esquema introduce un poderoso incentivo para los vuelos internacionales de corto alcance. Para aquellos viajes regionales que cubran distancias menores a los 1.000 kilómetros, la Tasa de Uso de Aeroestación experimentará una caída transversal. El gravamen se reducirá en un 56%, estableciéndose en US$ 25,16 en todos los aeropuertos del sistema, alejándose de los US$ 57 que rigen como estándar para las operaciones internacionales convencionales. La creación de esta categoría geográfica específica responde a un pedido directo impulsado por gobernadores, intendentes, cámaras del sector turístico y líneas aéreas. El objetivo central es dinamizar los puentes aéreos fronterizos para fomentar el turismo receptivo y corporativo desde plazas neurálgicas de Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay.
En lo que respecta a las rutas internacionales de largo alcance, la estructura de la TUA no sufrirá modificaciones: los pasajeros seguirán abonando US$ 57 en las terminales de Categoría I (como el aeropuerto de Ezeiza), US$ 43,97 en las de Categoría II, y US$ 39,66 en los aeropuertos menores clasificados en las Categorías III y IV.
Sin embargo, el rediseño regulatorio también reconfigura los abonos de las propias empresas aéreas por la utilización de la infraestructura. Las tasas de aterrizaje y estacionamiento internacionales absorberán de forma definitiva una reducción del 30% que históricamente se aplicaba como una bonificación condicional. Hasta este momento, el descuento dependía de un acuerdo transitorio entre el Orsna, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la concesionaria, el cual exigía a las compañías no registrar deudas impagas. A partir del nuevo cuadro, el beneficio estructural se consolida como un piso tarifario definitivo sin depender de dicho convenio.
Para las aeronaves que superen las 12 toneladas, el canon de aterrizaje internacional en los aeropuertos de Categoría I oscilará entre US$ 3,23 y US$ 5,03 por tonelada de peso máximo de despegue (MTOW). En cuanto al estacionamiento en plataformas operativas, Ezeiza y Aeroparque cobrarán entre US$ 0,19 y US$ 0,56 por tonelada y por hora, eliminando el tiempo de gracia. En este renglón, el Orsna implementó una dura política disuasoria para combatir el embotellamiento del espacio aéreo metropolitano: se fijó una sobretasa penalizadora del 50% sobre el derecho de aterrizaje en el Aeroparque Jorge Newbery durante las franjas horarias críticas (de 6:00 a 10:00 y de 18:30 a 21:30 horas). La medida, que rige tanto para vuelos internacionales como de cabotaje, busca forzar a las aerolíneas a redistribuir sus itinerarios hacia horarios menos demandados.
Toda esta drástica reingeniería financiera funciona como el andamiaje del marco operativo a largo plazo. La actualización tarifaria fue autorizada semanas después de que el Gobierno nacional oficializara la extensión de la concesión aeroportuaria hasta el año 2049 a favor de Aeropuertos Argentina, empresa integrante del holding Corporación América de Eduardo Eurnekian. El blindaje contractual prevé además una cláusula estratégica: la concesión podría prolongarse hasta 2056 si la compañía acredita fondos para ejecutar inversiones en infraestructura por US$ 600 millones y cumple rigurosamente con los avances de obra fijados para 2031. De este modo, la dolarización y reestructuración de las tasas ofician como el garante fundamental de la rentabilidad exigida para sostener la operatividad de los aeropuertos durante las próximas décadas.
