La jueza neoyorquina Loretta Preska rechazó un nuevo pedido de Argentina en el juicio por YPF, ordenando entregar datos sobre activos del Estado. La decisión, que se suma a otro revés judicial, presiona al país en una millonaria demanda por la expropiación.
Un nuevo revés judicial para la Argentina en el caso de la expropiación de YPF. La jueza de Nueva York, Loretta Preska, ha vuelto a fallar en contra del país, rechazando una solicitud de la Procuración del Tesoro que buscaba limitar la etapa de presentación de pruebas a solo aquellos bienes estatales que pudieran ser ejecutados. Con esta decisión, la magistrada ha ordenado que la Argentina debe entregar la información requerida por los demandantes, lo que profundiza la crisis que enfrenta el país en el litigio por la nacionalización de la petrolera en 2012.
El fallo de Preska, que se conoció este martes, se suma a la desestimación de otro pedido de reconsideración que buscaba proteger los dispositivos electrónicos y las cuentas personales de funcionarios y exfuncionarios de la nación, incluyendo a Luis Caputo y Sergio Massa. En su resolución, la jueza argumentó que “las mociones de reconsideración generalmente se deniegan, salvo que la parte solicitante pueda mostrar decisiones o datos que el tribunal haya pasado por alto y que podrían cambiar la conclusión alcanzada”.
La Procuración del Tesoro de la Nación ha calificado las resoluciones de la jueza Preska como “equivocadas” y ha advertido que está estudiando las vías procesales para impugnarlas. La estrategia legal de Argentina se basa en el argumento de que los requerimientos de la magistrada son incompatibles con la jurisprudencia de EE. UU. y la Argentina.
El proceso de entrega de pruebas, conocido como Discovery, es clave en el juicio que enfrenta el país por “mala praxis expropiatoria”. El jueves, 4 de septiembre, se celebrará una nueva audiencia de seguimiento en Nueva York, en la que se deberían definir los próximos pasos del proceso.
El litigio contra Argentina se originó por el incumplimiento de la expropiación de YPF, que ha derivado en una millonaria demanda por parte de los holdouts. Actualmente, Argentina tiene dos apelaciones pendientes: una contra el fallo que le ordena pagar u$s16.100 millones por incumplimientos en el estatuto de la compañía, y otra contra la orden de entregar el 51% de las acciones de YPF. La Procuración del Tesoro ha reiterado su “compromiso de defender con firmeza los intereses nacionales en todas las instancias judiciales, empleando todos los recursos legales disponibles”.
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