El costo de la canasta básica para jubilados alcanzó en octubre de 2025 más de $1.514.000, un 26% más que en abril. Frente a esto, la jubilación mínima con bono apenas supera los $396.000, evidenciando una brecha que refleja la situación de precariedad del sector.
La Defensoría de la Tercera Edad presentó un relevamiento actualizado que muestra un alarmante crecimiento en el costo de la canasta básica para jubilados, que en octubre llegó a $1.514.074,13, lo que representa un aumento del 26,12% respecto a abril de este año cuando el monto era de $1.200.523.
Este cálculo se realiza semestralmente con base en los precios de centros urbanos donde residen la mayoría de los adultos mayores, entre ellos Buenos Aires, el Conurbano bonaerense, Mendoza, Córdoba y Rosario, contemplando gastos esenciales como alimentación, medicamentos, vivienda y limpieza.
El desglose del gasto revela que los medicamentos representan el 27% del total con un costo de $402.880,13, mientras que los alimentos demandan $348.000. La vivienda implica un gasto de aproximadamente $294.000, y los productos de limpieza insumen más de $107.000.
Hoy, aproximadamente cuatro millones y medio de jubilados perciben una jubilación mínima que incluye un bono de $70.000, totalizando alrededor de $396.298, una suma que apenas alcanza a cubrir una cuarta parte del costo real de la canasta. Los beneficiarios de la Pensión Universal para Adultos Mayores y las Pensiones No Contributivas reciben ingresos similares, también con el bono incluido.
El informe elaborado por la Defensoría, dirigida por Eugenio Semino, advierte que la situación de los jubilados es cada vez más precaria y la crítica brecha entre ingresos y costos genera condiciones de pobreza, comprometiendo la calidad de vida de millones de adultos mayores. A modo de comparación, el informe destaca que la canasta básica en la última década ha tenido un crecimiento exponencial y que los bonos otorgados por el Estado son insuficientes para revertir esta realidad.
“El intento de mitigar la crisis mediante bonos temporales es contraproducente y no soluciona la problemática estructural”, señaló Semino y remarcó que la deuda social con los jubilados sigue vigente y sin resolver.
Este panorama pone en evidencia la urgencia de políticas públicas sostenidas para mejorar el ingreso real de los jubilados y garantizar una vida digna en un contexto económico con alta inflación y creciente demanda en salud y vivienda.
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