El diputado Ferraro denunció que el proyecto para modificar los decretos de necesidad y urgencia está retenido en la Presidencia sin justificación. La Cámara baja aprobó la ley el 8 de octubre, pero la iniciativa no llegó al Senado.
El diputado Ferraro denunció que el proyecto para modificar los decretos de necesidad y urgencia está retenido en la Presidencia sin justificación. La Cámara baja aprobó la ley el 8 de octubre, pero la iniciativa no llegó al Senado.
El diputado nacional Maximiliano Ferraro solicitó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín A. Menem, que envíe con urgencia al Senado el expediente del proyecto aprobado el 8 de octubre de 2025 que modifica el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia (DNU).
El proyecto busca limitar la delegación legislativa y la emisión indiscriminada de DNU por parte del Poder Ejecutivo.
Ferraro advirtió que, según informes periodísticos, el despacho aprobado permanece retenido en la Presidencia, lo que implicaría un bloqueo injustificado del procedimiento legislativo.
Recordó que la función constitucional de la Cámara baja —deliberar y aprobar proyectos— ya se cumplió, por lo que no corresponde que el trámite demore más o quede a discreción administrativa de la Presidencia.
En la misiva, el diputado denunció que esta demora representa una interferencia indebida en la voluntad parlamentaria y vulnera el debido proceso bicameral establecido en la Constitución Nacional.
También cuestionó que la falta de remisión oportuna prolongue un vicio institucional que históricamente ha favorecido el abuso del Poder Ejecutivo mediante los DNU, paralizando el rol legislativo.
La oposición interpreta esta situación como un intento de “cajoneo” de proyectos de ley aprobados, dificultando el debate y la aplicación de reformas legislativas que buscan reforzar las facultades del Congreso.
En concreto, señalaron que este bloqueo preserva una norma actual considerada debilitante para el Poder Legislativo y limitante para el control político sobre el Ejecutivo.
Desde la promulgación de la ley 26.122, que regulaba parcialmente los DNU, distintas administraciones han aplicado estos mecanismos en forma amplia, generando tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.
El proyecto en discusión aspira a modificar normas para garantizar mayor control legislativo y limitar discrecionalidades.
Sin embargo, la retención del expediente en la Presidencia afecta la dinámica legislativa y genera cuestionamientos sobre la institucionalidad.
La oposición denuncia que esta práctica imita maniobras que han paralizado la función parlamentaria y la labor de control, factor clave en un sistema democrático.
Ante esta situación, resulta fundamental un debate público informado que ilumine el alcance institucional y político de la demora para remitir al Senado esta reforma clave. Se abre la incógnita sobre qué intereses prevalecen en la retención y cómo incide en el equilibrio de poderes.
Mantener al Parlamento en la espera podría erosionar la confianza ciudadana en sus representantes y el sistema democrático.
Por ello, el seguimiento riguroso del cumplimiento del procedimiento legislativo es una tarea imprescindible para legisladores, medios y sociedad civil.
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