Romina Enríquez, la madre denunciada por estafar a 35 familias de Misiones tras usar el dinero de la fiesta de egresados para jugar al casino, solicitó a la Justicia no ser detenida. Alegó problemas psiquiátricos y reposo absoluto para justificar su ausencia ante las autoridades.
El caso que mantiene en vilo a la comunidad de Eldorado, Misiones, sumó un nuevo capítulo en los tribunales. Romina Enríquez, la mujer acusada de haber malversado los fondos destinados a la fiesta de egresados de la Escuela Provincial de Comercio N.º 19, rompió el silencio judicial. A través de su abogado defensor, Matías Sotelo, presentó un pedido de eximición de prisión ante el Juzgado de Instrucción Dos, asegurando que no se encuentra prófuga de la Justicia.
La defensa de Enríquez justificó su incomparecencia ante la policía mediante un informe médico que indica que la mujer padece serios problemas de salud psiquiátrica y que se encuentra bajo un régimen de reposo absoluto. Sotelo enfatizó que su defendida permanece en su domicilio junto a sus hijos y que ya fue notificada formalmente del inicio de la instrucción penal por estafa.
El escándalo estalló el viernes pasado, cuando horas antes del festejo, padres y alumnos descubrieron que no se habían abonado el salón, el catering ni los servicios de DJ y fotografía. Originalmente, se hablaba de 17 millones de pesos que Enríquez custodiaba en una billetera virtual. Sin embargo, tras la necesidad de realizar un pago de urgencia de 8 millones adicionales para poder concretar el evento de todas formas, la denuncia total por estafa se elevó a 25 millones de pesos.
Según trascendió en la causa, la propia Enríquez habría admitido su responsabilidad en mensajes de WhatsApp enviados a otros padres, donde se habría definido como ludópata. “No hay justificación para lo que hice. Tengo problemas con el casino y usé el dinero pensando que lo iba a recuperar”, habría confesado la mujer antes de que su paradero se volviera incierto para las familias damnificadas.
La presentación judicial busca evitar que la sospechosa sea trasladada a una comisaría, mientras el descontento social en Eldorado continúa en aumento. Las 35 familias afectadas, que realizaron aportes mensuales desde abril, esperan que la Justicia determine no solo el destino final de los fondos, sino también la responsabilidad penal de quien debía garantizar el cierre de una etapa escolar que terminó marcada por la desilusión y el fraude.
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