Petro oficializó un aumento del 23,8% en el salario mínimo y activó reformas laborales para captar apoyo electoral hacia 2026. La estrategia incluye una reforma tributaria por decreto, generando alertas de gremios sobre mayor inflación, informalidad y riesgos de inconstitucionalidad.
El gobierno de Gustavo Petro ha decidido quemar sus últimas naves en materia económica antes de que concluya el presente año, desplegando una estrategia que busca impactar directamente en el bolsillo de las clases populares. El plan, que incluye un incremento sin precedentes del haber básico, la activación de la nueva normativa laboral y la obtención de recursos fiscales mediante facultades especiales, tiene una doble lectura: por un lado, la promesa de “democratización de la riqueza” y, por el otro, la consolidación de una base electoral sólida de cara a los comicios presidenciales de mayo de 2026. Esta hoja de ruta ha generado una polarización extrema entre los sindicatos, que celebran las medidas, y los sectores gremiales, que advierten sobre un posible descalabro financiero.
Mediante una alocución televisada, el mandatario colombiano oficializó un ajuste del 23,8% en el salario mínimo, elevando el ingreso mensual a dos millones de pesos (aproximadamente 533 dólares), incluyendo el auxilio de transporte. Petro ha rebautizado este concepto como “Salario Mínimo Vital Familiar”, argumentando que la cifra debe cubrir las necesidades de un núcleo doméstico y no solo de un individuo. En sintonía con este aumento, el Ejecutivo comenzó a aplicar las reformas aprobadas a mitad de año, destacándose el retorno del horario nocturno a partir de las 7:00 p. m. y el incremento progresivo en el pago de días festivos. Adicionalmente, se anunció que desde el próximo año los estudiantes de medicina en etapa de internado percibirán un salario mínimo, una medida que el oficialismo defiende como propia pese a las críticas de la oposición parlamentaria que reclama la autoría de la iniciativa.
Ante el rechazo legislativo de su reforma impositiva semanas atrás, el Presidente optó por declarar un estado de emergencia económica. Esta figura le permite implementar por decreto nuevas cargas tributarias para cubrir un déficit de 16,3 billones de pesos en el presupuesto de 2026. El plan del Ministerio de Hacienda apunta a gravar con mayor dureza los patrimonios superiores a los 2.600 millones de pesos, elevar los impuestos al consumo de tabaco y alcohol, y aumentar la presión fiscal sobre las entidades financieras y el sector energético. No obstante, este camino enfrenta un futuro incierto en el ámbito judicial, ya que diversos constitucionalistas anticipan que la Corte Constitucional podría invalidar la emergencia al considerar que no existen los fundamentos extraordinarios requeridos por la ley para eludir el debate en el Congreso.
El sector empresarial, representado por la Andi y Fenalco, ha calificado estas decisiones como “irresponsables” y una “burla” al diálogo social. Los industriales sostienen que un aumento salarial que supera ampliamente la productividad y la inflación vigente (en torno al 5%) disparará los costos operativos, fomentará la informalidad y presionará los precios de la canasta básica. En el ámbito monetario, analistas de entidades como Bancolombia prevén que el Banco de la República se vea obligado a endurecer su política, manteniendo o incluso subiendo las tasas de interés por encima del 10% para contener la liquidez. Críticos políticos han señalado que el 56% de la población, que trabaja en la informalidad, no se beneficiará del aumento salarial pero sí sufrirá el encarecimiento de la vida, lo que podría profundizar las brechas de desigualdad en el país.
Ante la severa crisis energética y financiera, el mandatario Miguel Díaz-Canel anunció un paquete de reformas que otorgará autonomía comercial a municipios y empresas estatales cubanas para dinamizar la producción local sin intermediarios.
Standard & Poor’s otorgó mayor confianza financiera a ocho firmas estratégicas locales luego de registrar avances en la economía nacional. El diagnóstico reduce la incertidumbre y mejora las condiciones de estas empresas para afrontar sus deudas futuras.
Imágenes de seguridad domiciliaria captaron el momento en que una cuidadora agredió físicamente a una menor de 3 años en Jesús María. La madre denunció el hecho ante la Unidad Judicial tras descubrir la situación mientras trabajaba.
Mediadores de Pakistán afirmaron este viernes la existencia de un texto consensuado para finalizar el conflicto en Oriente Próximo. No obstante, las versiones contrapuestas de Estados Unidos e Irán sobre las concesiones nucleares y económicas frenan la firma.
Durante el estreno mundialista en Toronto, la selección canadiense resignó la victoria al empatar 1-1 frente a Bosnia-Herzegovina. Un gol de Cyle Larin en el complemento salvó el debut del equipo local, tras el gol inicial de Lukic.
Apartaron al juez federal de Zárate-Campana de la investigación por la lujosa propiedad de Pilar atribuida al tesorero Pablo Toviggino. El expediente regresará al fuero porteño tras un revés para la estrategia judicial de la cúpula de la AFA.
Cinco internas de la Unidad 51 sufrieron torturas y abusos sexuales durante un operativo de seguridad. El fiscal Álvaro Garganta investiga los hechos, mientras las autoridades provinciales removieron a las autoridades del penal.
Rompió el silencio Virginia Mones Ruiz mediante un video a una semana del fallecimiento del cantante. El texto detalló la colaboración de funcionarios en el velatorio de Villa Domínico y valoró el respaldo afectivo de los fanáticos ricoteros.
