Villa Allende limitará la circulación con portones en las calles para combatir la delincuencia

Villa Allende bloqueará calles secundarias con portones nocturnos desde marzo para reducir la inseguridad. Pese al aval judicial y al apoyo de algunos contribuyentes, la oposición cuestiona la constitucionalidad de la medida, denunciando segregación social y restricciones a la libre circulación.

Villa Allende, Córdoba

La gestión municipal de Villa Allende, en la provincia de Córdoba, implementará una drástica estrategia de seguridad urbana consistente en el bloqueo nocturno de vías secundarias mediante estructuras metálicas. A partir de marzo, la intendencia liderada por Pablo Cornet procederá al cierre de diversos accesos vehiculares entre las 22 y las 6 horas, buscando limitar las rutas de escape de la delincuencia y concentrar el flujo de tránsito en corredores monitoreados. Esta determinación se ampara en un reciente aval judicial que desestimó los recursos presentados por un sector de la población, permitiendo que la administración local avance con esta prueba piloto que originalmente nació de la demanda de los residentes en barrios periféricos, quienes manifestaron su preocupación por los constantes robos nocturnos.

A pesar de contar con el respaldo de una consulta popular donde la negativa no superó el umbral establecido, la medida ha despertado una fuerte resistencia en el arco opositor y en diversas agrupaciones civiles. Los críticos sostienen que la instalación de barreras físicas en la vía pública fragmenta la integración social y vulnera derechos constitucionales vinculados a la libre circulación. Desde el Concejo Deliberante, se cuestiona la validez del sistema de votación utilizado, argumentando que excluye a residentes que no son titulares de impuestos y que condiciona la aceptación de las cámaras de vigilancia a la aprobación de los portones. Mientras el gobierno provincial respeta la autonomía de la ciudad para gestionar su espacio público, los abogados que representan a los vecinos disconformes ya preparan una apelación ante instancias superiores para frenar lo que consideran una marginación del tejido urbano bajo el pretexto de la emergencia delictiva.

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