La situación política en Venezuela volvió a dinamitar la calma parlamentaria en Argentina. Tras el reciente cambio en el escenario internacional por la detención de Nicolás Maduro, el bloque de diputados de La Libertad Avanza presentó un proyecto de resolución que apoya la captura y remoción del dirigente venezolano y de su esposa, Cilia Flores. El texto considera que este proceso judicial es una oportunidad para restablecer el Estado de derecho y permitir el regreso de millones de exiliados.
Sin embargo, la iniciativa oficialista despertó críticas inmediatas en sectores de la oposición dialoguista. El eje del conflicto radica en lo que el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, calificó como una omisión deliberada: la falta de una exigencia directa por la liberación de los presos políticos en el articulado del proyecto. Este contrapunto derivó en una serie de cruces públicos entre Ferraro y la diputada Silvana Giudici, quien defendió la coherencia del oficialismo y recordó sus antecedentes en la defensa de los derechos humanos en Caracas.
Disputas por el enfoque humanitario
A pesar de las coincidencias en calificar al régimen venezolano como una dictadura, la Coalición Cívica y un sector de la Unión Cívica Radical, representado por la diputada Karina Banfi, optaron por presentar una propuesta propia. En este nuevo texto, los legisladores exhortan al mando actual en Venezuela, a cargo de Delcy Rodríguez, a liberar a las más de 1.000 personas detenidas por motivos políticos, mencionando específicamente el caso del gendarme argentino Nahuel Gallo.
Esta diferencia de matices legislativos no es aislada. Los antecedentes de confrontación entre Giudici y Ferraro, que incluyen disputas previas durante el debate de la Ley de Ludopatía, resurgieron en esta discusión. Desde la oposición sugieren que el bloque oficialista ajustó su discurso para alinearse exclusivamente con la narrativa de la administración de los Estados Unidos, dejando de lado aspectos centrales de la transición democrática.