La Cámara Federal de San Martín ordenó que el expediente por presunto lavado de dinero contra el entorno del tesorero de la AFA sea tramitado por el juez Adrián González Charvay, priorizando el lugar donde se ubica el inmueble.
La Cámara Federal de San Martín ordenó que el expediente por presunto lavado de dinero contra el entorno del tesorero de la AFA sea tramitado por el juez Adrián González Charvay, priorizando el lugar donde se ubica el inmueble.
El conflicto de competencia por la propiedad vinculada a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo judicial. El camarista Alberto Lugones, integrante de la Sala II de la Cámara de San Martín, resolvió este martes que la investigación pase del Juzgado en lo Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires al Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana.
Esta decisión respondió a un pedido de inhibitoria presentado por Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte. Ambos figuran como titulares de la firma Real Central SRL, propietaria de la finca ubicada en la localidad de Villa Rosa, Pilar. La defensa de los imputados invocó la garantía del “juez natural”, bajo el argumento de que, al estar el bien inmueble en dicha jurisdicción, el magistrado Adrián González Charvay debía quedar a cargo del proceso.
Anteriormente, el juez Marcelo Aguinsky había rechazado desprenderse del caso. El magistrado porteño sostuvo que el núcleo de la pesquisa no era la construcción física de la vivienda, sino la administración de los fondos de la AFA.
Para fundamentar su postura, señaló que la sede de la entidad deportiva se encontraba a escasos metros de su tribunal y que se habrían detectado gastos vinculados a la propiedad mediante tarjetas corporativas de la asociación.
Sin embargo, el fallo del juez Lugones introdujo un dato registral determinante para el cambio de sede. El magistrado consignó que, desde el 15 de noviembre de 2024, la AFA inscribió su cambio de domicilio legal a la calle Mercedes, también en la localidad de Pilar. De esta manera, el argumento de la proximidad territorial de la sede social perdió peso frente a la nueva realidad administrativa de la institución.
La causa investiga la presunta desproporción entre los ingresos de los titulares registrales y el valor de la propiedad. Mientras que la operación de compra en mayo de 2024 se declaró por 1,8 millones de dólares, tasaciones periciales oficiales estimaron el valor de mercado del inmueble en una cifra cercana a los 17 millones de dólares.
El juzgado de Campana recibirá ahora la totalidad de las pruebas recolectadas, que incluyen registros de ingresos a la propiedad de familiares de los dirigentes de la AFA, información sobre vuelos y movimientos financieros. González Charvay, quien regresará a sus funciones tras la feria judicial el próximo lunes, deberá analizar la continuidad de las medidas de prueba que quedaron en pausa tras la disputa de competencia.
El traslado del expediente a una nueva jurisdicción plantea un escenario de revisión sobre lo actuado hasta el momento. La resolución de la Cámara Federal cierra la discusión sobre la competencia territorial, pero deja abierta la incógnita sobre cómo impactará este cambio de magistrado en la celeridad de una investigación que busca determinar el origen real de los fondos utilizados para la adquisición del inmueble.
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