La Justicia analiza los celulares de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, por presunto lavado de $800.000 millones. La investigación, que incluyó allanamientos en la AFA y clubes, rastrea maniobras con criptomonedas y préstamos irregulares vinculados al entorno de “Chiqui” Tapia.
La investigación judicial que sacude las estructuras del fútbol argentino ha dado un paso determinante. Especialistas de la Policía Federal iniciaron la extracción de datos de los dispositivos móviles pertenecientes a Ariel Vallejo, titular de la firma Sur Finanzas, y a su madre, tras lograr el desbloqueo de los terminales. La pesquisa, bajo la supervisión del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, busca nexos directos entre la financiera y una red de blanqueo que habría movido cifras astronómicas mediante empresas pantalla y criptoactivos.
El expediente, impulsado por la fiscal Cecilia Incardona, pone la lupa sobre transacciones que superan los $800.000 millones realizadas desde 2020. Se sospecha que la compañía utilizaba a monotributistas insolventes para triangular fondos y otorgaba créditos con intereses desmedidos a instituciones deportivas en crisis, como San Lorenzo, con el fin de introducir dinero espurio en el sistema legal.
La denuncia que originó el caso fue radicada por la DGI, estimando un perjuicio fiscal de $3.327 millones. En el marco de este proceso, la Justicia ordenó una batería de medidas que incluyeron:
Congelamiento de activos: bloqueo total de las cuentas de Sur Finanzas.
Levantamiento de secretos: acceso irrestricto a los registros bancarios, fiscales y bursátiles de los sospechosos.
Rastrillaje institucional: allanamientos masivos en la sede de la AFA, la Superliga y en las oficinas de 18 entidades, entre ellas Racing, Independiente y Barracas Central.
La causa sumó tensión tras la captura de la tesorera de la firma, Micaela Sánchez, y dos empleados dedicados al transporte de valores. Los sospechosos fueron interceptados en un galpón de Turdera mientras intentaban trasladar ordenadores y bibliografía contable de la empresa. Aunque Sánchez alegó que solo intentaba proteger su fuente laboral, los investigadores analizan si hubo una tentativa deliberada de destruir evidencia relevante para la PROCELAC y la UIF.
Pese a que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, no enfrenta imputaciones formales hasta el momento, su estrecha relación con Vallejo mantiene al organismo rector del fútbol en el centro del foco mediático. El análisis de las comunicaciones internas y los correos electrónicos secuestrados será vital para determinar si los clubes eran víctimas de préstamos usurarios o participantes activos en una maniobra de lavado de dimensiones inéditas para el deporte nacional.
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