Tarek William Saab y Alfredo Ruiz dimitieron ante la Asamblea Nacional tras la captura de Nicolás Maduro. El Legislativo nombró a Larry Devoe fiscal encargado y activó un comité de postulaciones para elegir titulares definitivos en un mes.
Tarek William Saab y Alfredo Ruiz dimitieron ante la Asamblea Nacional tras la captura de Nicolás Maduro. El Legislativo nombró a Larry Devoe fiscal encargado y activó un comité de postulaciones para elegir titulares definitivos en un mes.
La estructura del Poder Ciudadano en Venezuela registró una transformación significativa este miércoles. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, y el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, remitieron sus cartas de renuncia a la Asamblea Nacional (AN).
El anuncio fue realizado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien confirmó la recepción de ambas misivas en un contexto de reformas institucionales impulsadas por la mandataria interina, Delcy Rodríguez.
Saab ocupaba la titularidad del Ministerio Público desde 2017, cuando fue designado por la Asamblea Nacional Constituyente. Aunque el funcionario había sido ratificado en octubre de 2024 para un periodo que culminaba en 2031, los acontecimientos políticos de enero de 2026 aceleraron su salida del cargo.
Ante la ausencia de un vicefiscal que pudiera asumir la suplencia legal en el Ministerio Público, los diputados declararon la urgencia parlamentaria. En una sesión plenaria, la Asamblea Nacional designó a Larry Devoe como fiscal general encargado. Devoe se desempeñaba como secretario del Consejo Nacional de Derechos Humanos y es identificado como un perfil cercano a la actual gestión ejecutiva.
Paralelamente, se produjo un enroque en la Defensoría del Pueblo. Tarek William Saab fue nombrado defensor encargado, sustituyendo a Alfredo Ruiz. Estas decisiones se tomaron mediante una votación rápida que no contó con el respaldo de los sectores de la oposición parlamentaria.
Para gestionar los nombramientos definitivos, el Legislativo conformó un Comité de Evaluación de Postulaciones. Este grupo tendrá un plazo de 30 días para presentar los nombres de quienes liderarán ambas instituciones de forma permanente. Según el marco constitucional, dicho comité debería integrar a diversos sectores de la sociedad civil en su proceso de selección.
La salida de Saab ocurre en medio de la aplicación de una Ley de Amnistía que ha permitido la liberación de más de 3.000 personas con restricciones judiciales y la excarcelación de cerca de 200 ciudadanos por motivos políticos.
Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch documentaron durante su periodo casos de tortura y el uso del sistema penal con fines de persecución, registrando al menos 18 fallecimientos bajo custodia estatal.
Por su parte, la gestión de Alfredo Ruiz en la Defensoría recibió críticas por parte de defensores de derechos humanos, quienes señalaron omisiones persistentes en la protección de las garantías fundamentales de los ciudadanos.
La renovación de estas autoridades forma parte de un proceso de cambios sustanciales que incluyen el cierre de centros de detención como El Helicoide y una reestructuración del sistema judicial.
Los nuevos nombramientos definitivos determinarán si el país avanza hacia una independencia real de poderes o si se mantiene la estructura administrativa previa bajo nuevas figuras.
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