La Cámara de Apelaciones falló a favor del Gobierno y ordenó que los reclamos de inconstitucionalidad de la central obrera tramiten en el fuero Contencioso Administrativo. Es la segunda victoria judicial de la Casa Rosada en una semana tras la puesta en vigencia de la norma.
En un giro jurídico clave para los planes del Poder Ejecutivo, la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió este martes que la causa iniciada por la CGT contra la reforma laboral ya no se discutirá en la justicia del Trabajo. Con este fallo, el expediente pasa a un fuero que el Gobierno considera más técnico y menos “corporativo” para dirimir cuestiones de inconstitucionalidad.
Los camaristas Rogelio Vicenti y Marcelo Duffy hicieron lugar al planteo de la Procuración del Tesoro, que sostenía que, al demandar al Estado en su rol de legislador, la competencia debe ser federal y administrativa. La decisión llega pocos días después de que la justicia habilitara la plena vigencia de la ley mientras se resuelve el fondo de la cuestión.
Puntos centrales del fallo judicial:
Cambio de eje: Los jueces determinaron que la materia en debate excede lo laboral e involucra facultades inherentes a los poderes del Estado.
Crítica al juez anterior: La Cámara calificó de “irregular” el proceder del juez laboral Raúl Ojeda por intentar forzar la competencia en su fuero.
Interés federal: Se consideró que la reforma afecta al Estado Nacional no solo como legislador, sino también en su rol de empleador.
Fondo de la cuestión: El debate sobre si los 82 artículos de la ley 27.802 son constitucionales o no, se dará ahora bajo principios del derecho administrativo.
La disputa comenzó cuando la CGT logró inicialmente suspender gran parte de la reforma en el fuero laboral. El Gobierno, representado por Sebastián Amerio, interpuso una inhibitoria argumentando que la Justicia del Trabajo no es el ámbito para juzgar actos de alcance general del Poder Ejecutivo o el Congreso.
Aunque el fiscal de Cámara, Rodrigo Cuesta, había dictaminado a favor de mantener la causa en el fuero laboral por tratarse de derechos de los trabajadores, los jueces Vicenti y Duffy aplicaron un criterio contrario. Sostuvieron que temas como el financiamiento de indemnizaciones o la asignación de competencias federales justifican plenamente el traslado del expediente al fuero Contencioso Administrativo.
Para la Casa Rosada, este fallo representa un blindaje jurídico importante. Al tramitar en el Contencioso Administrativo, la discusión se aleja de la órbita de los jueces del Trabajo, históricamente más afines a los planteos sindicales.
Por su parte, la CGT ve limitada su estrategia judicial de “goteo” en juzgados laborales y deberá ahora enfrentar una batalla legal en una instancia donde los plazos y criterios suelen ser más rígidos respecto a las impugnaciones contra leyes nacionales. La central obrera aún tiene la instancia de la Corte Suprema, aunque el escenario actual favorece la consolidación de la reforma impulsada por el presidente Milei.
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