La inquietud pública en Accra se intensificó tras la viralización de contenidos audiovisuales en plataformas virtuales que exhibían golpizas e intimidaciones hacia trabajadores extranjeros.
El caso del ciudadano ghanés, Emmanuel Asamoah, actuó como el detonante definitivo para la intervención estatal, tras difundirse una grabación donde civiles sudafricanos lo retuvieron ilegalmente en abril de 2026 para exigirle credenciales de identificación. El damnificado regresó al aeropuerto de la capital ghanesa el martes 5 de mayo de 2026 procedente de Johannesburgo, escoltado por el Alto Comisionado de Ghana en Sudáfrica, Benjamin Quarshie.
Por otra parte, la problemática adquirió dimensiones de escala regional al involucrar a múltiples estados colindantes. El gobierno de Nigeria notificó que al menos 130 de sus habitantes requirieron la repatriación formal por vías institucionales.
De igual modo, las autoridades de Kenia, Malawi, Lesotho y Zimbabwe exhortaron a sus respectivas poblaciones residentes en territorio sudafricano a restringir la circulación pública y permanecer resguardadas en sus hogares como medida preventiva de seguridad.
Los ministerios involucrados coordinarán la logística aeroportuaria con la misión diplomática radicada en Pretoria para asegurar el traslado de los 300 civiles durante el transcurso de los próximos días. Las oficinas estatales ratificaron que el plan de contingencia busca garantizar la integridad física de las personas registradas que manifestaron encontrarse en una situación de desamparo debido al entorno hostil.