El padre de Agostina Vega afirmó que el acusado de femicidio no actuó solo y denunció complicidades. Criticó al fiscal que lo liberó por un ataque previo y la defensa pidió imputar a una mujer por encubrimiento.
El padre de Agostina Vega afirmó que el acusado de femicidio no actuó solo y denunció complicidades. Criticó al fiscal que lo liberó por un ataque previo y la defensa pidió imputar a una mujer por encubrimiento.
La querella y los allegados de Agostina Vega, la adolescente de catorce años hallada sin vida en un predio fabril tras varios días de rastrillajes, expusieron duras sospechas sobre el alcance del entramado criminal detras del homicidio. En un encuentro con medios de comunicación, Gabriel Vega manifestó su convencimiento de que el principal sospechoso tras las rejas carecía de los medios para ejecutar el plan de manera individual. Flanqueado por su equipo de letrados, el progenitor reclamó una condena ejemplar de reclusión por tiempo indeterminado y cuestionó enérgicamente el accionar del fiscal Iván Rodríguez, quien el año pasado permitió que el imputado recuperara la vía pública pese a registrar denuncias previas por el rapto y sometimiento de otra víctima en condiciones extremas de vulnerabilidad.
El derrotero judicial del caso expuso demoras y giros en las hipótesis policiales, que inicialmente se orientaron hacia otros contactos de la menor a raíz de los primeros datos aportados tras la desaparición. Las sospechas sobre el actual detenido maduraron de forma progresiva a medida que avanzaban las testimoniales de los trabajadores del transporte urbano, lo que motivó allanamientos tardíos en un inmueble de la calle Juan Del Campillo, donde los peritos estiman que se consumó la agresión entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. La representación legal de la familia solicitó formalmente extender las imputaciones penales por encubrimiento agravado hacia una mujer identificada como Soledad Andreani, a quien acusan de haber actuado como soporte logístico y de haber facilitado coartadas telefónicas engañosas para desviar las pesquisas del círculo íntimo.
Los informes forenses preliminares indicaron que la causa del deceso de la menor se produjo por sofocación mecánica en un contexto de agresión sexual, previo al desmembramiento y ocultamiento de los restos en un terreno baldío de la periferia capitalina. Frente a las críticas por el ritmo de la instrucción, los letrados Florencia Alaniz y Gino Torreani respaldaron de forma unánime el desempeño actual del fiscal a cargo de las diligencias operativas, Raúl Garzón, argumentando que las inspecciones iniciales debieron diversificarse sobre más de una decena de domicilios vinculados a los allegados del sospechoso bajo la premisa de hallar a la menor con signos vitales. El entorno paterno desmintió además versiones sobre supuestos abandonos afectivos y solicitó el cese de las filtraciones vinculadas a la intimidad de la adolescente.
El caso derivará también en auditorías sobre las disputas de tenencia preexistentes entre los progenitores, un escenario de desacuerdos familiares que, según la querella, expuso la inacción de los tribunales de menores frente a las alertas de riesgo emitidas con anterioridad. Vega concluyó la declaración pública recordando las cualidades personales de su hija y advirtiendo que los fallos previos del aparato estatal en la evaluación del perfil delictivo del agresor posibilitaron de manera directa el trágico desenlace, asegurando que la impunidad de los ataques anteriores marcó el inicio del camino que terminó con la vida de la menor.
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