Los fiscales Marisol Fabbro y José Luis Caterina ampliaron la acusación contra la presunta organización criminal liderada por el senador Armando Traferri. El nuevo dictamen detalla la participación de profesionales del derecho, un ex legislador y el ex corredor de Fórmula 1 como piezas clave en el blanqueo y la cobertura judicial del juego clandestino.
Los fiscales Marisol Fabbro y José Luis Caterina ampliaron la acusación contra la presunta organización criminal liderada por el senador Armando Traferri. El nuevo dictamen detalla la participación de profesionales del derecho, un ex legislador y el ex corredor de Fórmula 1 como piezas clave en el blanqueo y la cobertura judicial del juego clandestino.
La megacausa que investiga la red de juego ilegal en la provincia de Santa Fe sumó un capítulo de alto impacto político e institucional. En una audiencia ante los jueces Paula Álvarez, Alejandro Negroni y Eleonora Verón, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) amplió la imputación contra una estructura dedicada a brindar protección política y judicial al capitalista de juego Leonardo Peiti.
Los fiscales Marisol Fabbro y José Luis Caterina ratificaron que el senador provincial Armando Traferri ejercía la jefatura de esta asociación ilícita. Sin embargo, la novedad radica en la incorporación de nuevos actores al expediente: cuatro abogados, el ex diputado provincial del PJ Darío Scataglini y el empresario y ex piloto de Fórmula 1 Oscar Rubén “Popi” Larrauri.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, tras el fallecimiento en 2019 de Ricardo Paulichenco —ex secretario legislativo del Senado y sindicado recaudador de la organización—, las tareas operativas de control político habrían sido asumidas por Darío Scataglini. Al ex diputado se lo acusa de canalizar las directivas de Traferri y de utilizar sus contactos e influencias dentro de la Cámara de Diputados para favorecer el negocio ilegal.
Por otra parte, la acusación sitúa al ex corredor de carreras “Popi” Larrauri y al abogado José Francisco Fernández Chemes en el rol de “testaferros” o prestanombres. Los fiscales señalaron que ambos asumieron la propiedad simulada de la firma Southgame SRL mediante una operación apócrifa de 200 mil dólares en septiembre de 2020. El objetivo de la maniobra habría sido blanquear el dinero proveniente de las más de 200 salas clandestinas que Peiti regenteaba en el territorio santafesino.
La ampliación de la imputación también dejó expuesta la llamada “pata judicial”. El abogado Fernando Moschini quedó severamente implicado tras ser acusado de gestionar una internación psiquiátrica exprés para blindar a Peiti y atenuar su prisión preventiva, evitando así que continuara declarando ante la Justicia.
Para lograrlo, Moschini habría coordinado con una médica psiquiatra de Casilda y, según la evidencia presentada, gestionó el pago de dicho “favor” a través del propio Traferri. El senador habría desviado fondos públicos destinados a subsidios legislativos para otorgárselos a una asociación civil vinculada a los allegados de la médica, motivo por el cual Moschini fue imputado por peculado de caudales públicos.
Finalmente, los fiscales imputaron a los abogados Alberto Tortajada y Aníbal Porri. A este último, amigo de la infancia de Peiti, se le adjudica haber escoltado personalmente al empresario a pagar los sobornos a los ya condenados ex fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad, además de haberle ordenado destruir su teléfono celular para eliminar pruebas incriminatorias cuando la red comenzó a salir a la luz.
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