El Tribunal Oral Federal de Corrientes revocó la detención de un acusado conectado por videoconferencia tras una jornada de disputas entre la fiscalía y los jueces que impidió completar la lectura de los cargos penales.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes revocó la detención de un acusado conectado por videoconferencia tras una jornada de disputas entre la fiscalía y los jueces que impidió completar la lectura de los cargos penales.
El juicio oral y público por la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido en junio de 2024, comenzó en la ciudad de Corrientes con más de una hora de retraso y marcadas diferencias entre las partes.
La jornada inicial, desarrollada en el salón de usos múltiples del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, estuvo caracterizada por incidentes procedimentales que alteraron la agenda del tribunal e impidieron resolver los planteos de nulidad previstos por las defensas.
Las autoridades judiciales debieron acondicionar el espacio de la fuerza de seguridad federal para albergar a las partes del proceso, donde se ubicaron alrededor de 30 abogados defensores y dos representantes del Ministerio Público Fiscal.
Las primeras imputadas en ingresar al recinto fueron la tía del menor, Laudelina Peña, de 47 años, y María Victoria Caillava, de 54 años, quienes permanecen alojadas en dicha dependencia. Posteriormente ingresaron los acusados Carlos Guido Pérez, Bernardino Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Nicolás Gabriel Soria y el excomisario Walter Adrián Maciel.
El principal foco de discusión jurídica giró en torno a Esteban Federico Rossi Colombo, psicólogo acusado de integrar una organización que habría desviado la investigación original.
Ante su incomparecencia física al inicio del debate, el presidente del Tribunal, Fermín Ceroleni, dictó inicialmente su rebeldía y ordenó su inmediata detención a pedido del fiscal Carlos Schaefer. Sin embargo, en horas de la tarde, el procesado se conectó mediante la plataforma Zoom desde la provincia de Tucumán junto a un nuevo abogado defensor.
El acusado argumentó la falta de recursos económicos para costear los traslados y los honorarios de una representación privada. Aunque su letrado solicitó un plazo de 72 horas para estudiar el expediente, los magistrados rechazaron la prórroga debido a que la notificación de la audiencia databa del 10 de abril.
Para evitar dilaciones y ante el riesgo de intereses contrapuestos con otros defensores de la causa, el tribunal dejó sin efecto la orden de captura y dispuso que el implicado sea asistido por la defensora oficial Juliana Machado a partir de las próximas sesiones.
Paralelamente, el Ministerio Público Fiscal, representado por Schaefer y la fiscal adjunta Tamara Pourcel, solicitó formalmente la detención de ocho imputados que llegaron al juicio en condición de libertad, bajo el argumento de asegurar su comparecencia.
Los jueces desestimaron la petición, lo que generó protestas en la sala y un intercambio de cuestionamientos entre la fiscalía y las defensas respecto a los tiempos del proceso y el interés social del caso.
Debido a las sucesivas interrupciones y a las deliberaciones de los magistrados, la lectura del requerimiento de elevación a juicio se extendió hasta las 16 horas y abarcó únicamente el tramo correspondiente a los siete procesados por la sustracción del menor.
Los restantes diez acusados por el entorpecimiento de la pesquisa penal general serán notificados formalmente durante las próximas horas en las instalaciones valladas por la policía provincial.
La actividad judicial se reanudará con la previsión de concluir las lecturas pendientes y dar inicio a las declaraciones indagatorias de los 17 involucrados. Resta establecer si las nuevas representaciones legales asignadas por el tribunal solicitarán prórr
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