Durante el desarrollo del Mundial en Miami, fiscales federales y el FBI iniciaron una indagación sobre la AFA para determinar si el desvío de fondos comerciales hacia sociedades dudosas configuró lavado de activos en el sistema bancario estadounidense.
El Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos comenzaron la toma de testimonios para reconstruir el entramado financiero de las operaciones internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La indagación preliminar, sin imputaciones penales formales hasta el momento, busca determinar si los movimientos de fondos de la entidad conducida por Claudio Tapia a través de sociedades y bancos norteamericanos configuran delitos de lavado de activos o fraude bancario.
Como parte de este procedimiento, los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger citaron a declarar al empresario Guillermo Tofoni, denunciante de la estructura comercial de la entidad.
El encuentro, ratificado por fuentes vinculadas al expediente, repasó la gestión de los contratos comerciales de la selección nacional en el exterior, cuyo volumen total estimado supera los 260 millones de dólares.
La revisión de las autoridades se concentra en las actividades de TourProdEnter LLC, una sociedad radicada en el estado de Florida y administrada por el empresario Javier Faroni junto a su esposa, Erica Gillette.
Dicha firma funcionó como agente exclusivo de cobro para los contratos globales de la AFA con compañías multinacionales como Adidas y Warner. De acuerdo con los términos contractuales, vigentes hasta diciembre de este año, la empresa percibía un 30 por ciento de los ingresos internacionales netos y un 10 por ciento adicional sobre los gastos logísticos.
Los flujos financieros bajo análisis transitaron por cuentas de cinco entidades bancarias: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank. Los extractos obtenidos mediante mecanismos de cooperación judicial revelaron que la mayor parte del dinero permanecía en las cuentas entre 24 y 72 horas antes de ser redirigido, funcionando como canales de paso inmediato.
Paralelamente, las auditorías periodísticas y judiciales detectaron que una porción de los fondos, estimada en 57 millones de dólares, se distribuyó hacia beneficiarios y firmas cuya contraprestación económica no se encuentra debidamente documentada.
Entre los destinatarios de los giros figuran las sociedades SOMA SRL y Cabello SRL, vinculadas al dirigente de la AFA Pablo Toviggino y su entorno familiar, además de cinco corporaciones —Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer— que compartían domicilios virtuales en Florida y que cesaron sus actividades tras hacerse públicos los movimientos.
Ante el avance de las consultas federales en Miami, delegados de la AFA participaron de un foro sobre transparencia en el Trump National Doral Miami para fijar su postura pública.
El representante de la institución, Tomás Regalado, y el abogado penalista Mariano Lizardo sostuvieron que las indagaciones preliminares no suponen culpabilidad. Asimismo, argumentaron que las controversias deben ser resueltas por la justicia de la República Argentina, donde Chiqui Tapia posee un permiso de salida del país en el contexto de una causa local por presuntas irregularidades tributarias de 19.000 millones de pesos.
El avance de las diligencias estadounidenses coincide con el desarrollo del Mundial de Fútbol, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni accedió a la siguiente fase tras vencer a Cabo Verde.
Mientras la actividad deportiva continúa, la arquitectura administrativa de los derechos comerciales de la marca del seleccionado permanece bajo la supervisión directa de la fiscalía federal del Distrito Sur de Florida y las unidades de integridad bancaria de Washington DC.
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