La carrera por los data centers tracciona inversiones millonarias, pero la presión sobre la red eléctrica y el impacto ambiental obligaron a congelar proyectos en Estados Unidos. Los riesgos y desafíos de una infraestructura intensiva que busca radicarse en el país.
La expansión acelerada de la Inteligencia Artificial (IA) desencadenó una competencia global por el desarrollo de la infraestructura que sostiene esta tecnología: los data centers. Si bien estos megacomplejos representan una inyección de capital en el sector de la construcción y generan empleo técnico de alta remuneración, su funcionamiento exige volúmenes inéditos de energía eléctrica, poniendo a prueba las redes nacionales y encendiendo debates ambientales en las principales potencias del mundo.
Un informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE) señala que en 2024 los data centers consumieron 415 teravatios-hora (TWh) a nivel global, con una proyección que alcanzará los 945 TWh para 2030. Este ritmo de expansión, cercano al 15% anual, cuadruplica el crecimiento del consumo eléctrico general. Estados Unidos y China concentran casi el 80% de esta demanda futura, impulsada por gigantes tecnológicos como Amazon, Google, Meta, Microsoft y Oracle, que controlan el 71% de la capacidad mundial de procesamiento, según la firma Epoch AI.
El estado de Texas, considerado hasta hace poco el epicentro del desarrollo tecnológico por sus incentivos fiscales y flexibilidad regulatoria, se convirtió en el paradigma de los límites físicos de esta carrera. En esa jurisdicción se contabilizaron 248 proyectos de data centers propuestos, acompañados por planes para construir 39 centrales eléctricas a gas destinadas a abastecerlos de manera directa.
El caso emblemático lo encabeza Amazon en el condado de Pecos, donde proyecta un complejo alimentado por 35 turbinas de gas natural con una potencia de 7,65 gigavatios. Según registros regulatorios, la planta tiene autorización para emitir hasta 33 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, superando las emisiones de cualquier otra central del país y entrando en contradicción directa con los compromisos corporativos de descarbonización. A nivel general, la organización Environmental Integrity Project estimó que las 74 centrales de gas proyectadas en EE.UU. para este fin emitirán 662 millones de toneladas de gases de efecto invernadero anuales, un volumen equivalente a las emisiones de todo un país como Australia.
Junto al deterioro ambiental, la presión sobre el sistema tarifario encendió el descontento social. Un estudio del MIT (CEEPR) determinó que la instalación de estos centros entre 2010 y 2024 ya incrementó un 2,7% promedio los precios de la electricidad, alcanzando subas del 5,6% en distribuidoras privadas. En Texas, donde el organismo operador de la red (ERCOT) evalúa solicitudes de conexión por 474 gigavatios —monto que quintuplica la demanda máxima histórica del estado—, la resistencia ciudadana traspasó las zonas rurales y llegó a los tribunales.
Ante encuestas que revelaron un 56% de oposición popular a la instalación de data centers en sus comunidades, el gobernador Greg Abbott ordenó frenar nuevas autorizaciones e iniciar una auditoría estricta sobre las solicitudes de conexión a la red.
La experiencia estadounidense ofrece un espejo ineludible para la Argentina en un momento donde el país busca posicionarse como destino atractivo para inversiones de gran escala, apalancado en la disponibilidad de gas no convencional en Vaca Muerta, recursos renovables en la Patagonia y esquemas de incentivos como el RIGI.
Sin embargo, la eventual radicación de megacentros de cómputo en el territorio nacional expone contradicciones complejas. La Argentina posee un sistema de transporte y generación eléctrica que ha mostrado recurrentes signos de tensión en periodos de alta demanda. La incorporación de usuarios industriales con demandas continuas de cientos de megavatios requeriría una expansión acelerada de la capacidad de generación y de las redes de alta tensión.
Si el desarrollo de esta infraestructura no va acompañado por obras de generación propia financiadas por las mismas empresas tecnológicas, el impacto sobre el sistema local podría replicar las distorsiones observadas en el norte: mayor presión sobre las tarifas residenciales o un incremento en la necesidad de subsidios estatales para sostener los costos de la energía.
Asimismo, la construcción de centrales térmicas dedicadas para abastecer la demanda constante de los data centers pondría en tensión las metas de transición energética de la Argentina. Si bien el gas natural se contempla como combustible de transición, el volumen de emisiones derivado de la combustión a gran escala plantea dudas sobre la sustentabilidad de estos emprendimientos a largo plazo.
El caso de Texas demuestra que la laxitud regulatoria y la división de proyectos en fases más pequeñas para eludir evaluaciones ambientales rigurosas terminan generando colapsos políticos y sociales. Para la Argentina, la lección estriba en la necesidad de anticipar marcos normativos claros antes de la llegada masiva de capitales.
La captación de inversiones tecnológicas representa un vector de dinamización para la construcción, la ingeniería local y el empleo calificado. No obstante, la evidencia internacional sugiere que los beneficios económicos deben sopesarse frente a la capacidad real de la infraestructura energética y la protección del entorno ambiental. Sin una planificación estricta que exija a las empresas financiar su propia energía limpia y asumir el costo total de sus conexiones, el país corre el riesgo de importar las mismas distorsiones que hoy obligan a las potencias a aplicar pausas de emergencia.
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