En el marco del emplazamiento votado por el Congreso, comisiones de la Cámara de Diputados abrieron el debate de casi 50 proyectos para aliviar a seis millones de deudores familiares. La iniciativa busca dictamen para el 29 de septiembre, en medio de alertas del sector bancario.
Un plenario de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados inició este martes la ronda de exposiciones para abordar la crisis de endeudamiento que afecta a las familias. La reunión dio cumplimiento al emplazamiento votado por el pleno del cuerpo, que fijó un cronograma de trabajo con el objetivo de firmar dictámenes el próximo 29 de septiembre.
Cerca de 50 iniciativas de diversos bloques opositores buscan dar respuesta a un problema de escala macroeconómica. Durante las exposiciones, Alejandra Fernández Scarano, representante del Centro de Economía Política Argentina, precisó que los niveles de morosidad actuales alcanzan el 34% en los sistemas de crédito, una cifra que supera los registros de la crisis de 2001 y de la pandemia. Según la especialista, la problemática alcanza a seis millones de personas.
El deterioro del poder adquisitivo aparece como el factor determinante de la mora. Claudio David Montiel, director de la consultora Zentrix, presentó un relevamiento donde el 60,2% de los encuestados afirmó haber contratado deuda en los últimos seis meses. Dentro de ese universo, el 75,8% destinó los fondos a la cobertura de necesidades básicas como alimentos, medicamentos y servicios públicos.
Las entidades financieras expresaron su rechazo a los proyectos que proponen reestructuraciones obligatorias. Javier Bolzico, presidente de la Asociación de Bancos Argentinos, sostuvo que la Argentina registra uno de los niveles de bancarización más bajos de la región y alertó que la intervención estatal en los contratos privados afectará la seguridad jurídica y el desarrollo del crédito.
En la misma línea, Paz Adrogué, gerenta técnica de la Asociación de Bancos de Argentina, consideró que la imposición de una norma rígida genera un efecto contrario al buscado. La representante bancaria argumentó que una regulación uniforme premia el incumplimiento, encarece el financiamiento y provoca mayor exclusión en los sectores vulnerables.
Frente a la dispersión de propuestas, los bloques parlamentarios alinean dos estrategias diferenciadas. Las bancadas opositoras, entre las que figuran Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical y Provincias Unidas, priorizan la reestructuración de las deudas vigentes con eliminación de intereses punitorios y la creación de un régimen de conciliación prejudicial denominado “segunda oportunidad“.
El oficialismo de La Libertad Avanza, junto a integrantes del PRO, trabaja en un dictamen alternativo enfocado en la contratación futura. La iniciativa busca transparentar el Costo Financiero Total mediante la intervención del Banco Central y las empresas fintech, con el fin de que los usuarios conozcan la totalidad de los cargos antes de asumir un compromiso crediticio.
El cronograma legislativo continuará con reuniones informativas los días 22 y 29 de septiembre. En la última jornada, las comisiones deberán emitir los despachos que pasarán al recinto para su discusión general, en un escenario donde aún resta definir si la futura norma atenderá la regularización de pasivos actuales o solo establecerá límites para las operaciones futuras.
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En el marco del emplazamiento votado por el Congreso, comisiones de la Cámara de Diputados abrieron el debate de casi 50 proyectos para aliviar a seis millones de deudores familiares. La iniciativa busca dictamen para el 29 de septiembre, en medio de alertas del sector bancario.
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