El presidente, Bola Tinubu, ordenó el envío de tropas a Kwara luego de que grupos armados ejecutaran a decenas de aldeanos en Woro. El ataque, motivado por el rechazo a doctrinas extremistas, dejó comunidades calcinadas y múltiples secuestros.
El presidente, Bola Tinubu, ordenó el envío de tropas a Kwara luego de que grupos armados ejecutaran a decenas de aldeanos en Woro. El ataque, motivado por el rechazo a doctrinas extremistas, dejó comunidades calcinadas y múltiples secuestros.
El Gobierno de Nigeria dispuso el envío inmediato de un batallón del Ejército al estado de Kwara, en el centro-oeste del país, tras registrarse una de las matanzas más cruentas de los últimos meses.
Además, el presidente de la Nación, Bola Tinubu, confirmó la medida el miércoles por la noche, calificando la incursión como un acto cobarde perpetrado por células terroristas. La movilización militar, denominada “Operación Escudo de Savannah“, busca recuperar el control en una zona donde la violencia insurgente se ha intensificado.
Las cifras de víctimas presentan variaciones según los organismos consultados. Mientras que el gobernador del estado, AbdulRahman AbdulRazaq, confirmó el fallecimiento de 75 personas, la Cruz Roja Nigeriana reportó que el balance asciende a 162 muertos. Por su parte, legisladores locales advirtieron que la cifra final podría llegar a 170 conforme los equipos de rescate localizan más cuerpos en las zonas boscosas de la comunidad de Woro.
El asalto comenzó el martes alrededor de las 17:00 horas, cuando hombres armados con rifles AK-47 llegaron en motocicletas a la aldea de Woro. Según sobrevivientes, los atacantes vestían uniformes militares y rodearon a los habitantes antes de iniciar las ejecuciones.
Asimismo, el comisario de policía de Kwara, Adekimi Ojo, señaló que el ataque fue una represalia después de que la comunidad se negara a aceptar una doctrina islámica extremista impuesta por grupos vinculados al Estado Islámico en la Provincia del Sahel (ISWAP).
Durante la incursión, que se prolongó hasta la madrugada del miércoles, los insurgentes incendiaron el palacio real, viviendas y comercios. Alhaji Salihu Bio Umar, jefe de la comunidad, informó el asesinato de sus dos hijos y el secuestro de su esposa.
Entre las víctimas identificadas se encontraba Salihu Bio Khalid, un exdirigente estudiantil y graduado en enfermería en 2025. Los residentes denunciaron que, previo a la tragedia, las fuerzas de seguridad que custodiaban la zona se habían retirado tras recibir emboscadas anteriores.
La ola de violencia no fue un hecho aislado. En el estado de Benue, al menos 17 personas murieron en un ataque al mercado de Abande, mientras que en Katsina se registraron otros 23 asesinatos. Estos eventos reflejan una crisis de seguridad multifactorial donde convergen bandas criminales, conocidas como bandidos, y grupos yihadistas que expanden su radio de acción desde el norte hacia el sur de Nigeria.
El exgobernador Bukola Saraki calificó lo sucedido como un desastre nacional y exigió una intervención federal permanente, argumentando que la situación ha superado la capacidad operativa del gobierno estatal. Las comunidades afectadas exigen una base militar fija, advirtiendo que las operaciones de limpieza temporales no garantizan la protección de los civiles a largo plazo.
El despliegue de tropas federales intenta contener un avance extremista en una región que históricamente funcionaba como puente de estabilidad entre el norte y el suroeste del país. Ante el aumento de los ataques coordinados y el uso de minas terrestres por parte de los insurgentes, queda planteado el interrogante sobre si la actual estrategia de defensa será capaz de revertir el avance de estas células o si la inseguridad seguirá desplazando a miles de ciudadanos en el corazón de Nigeria.
Organizaciones de la Iglesia católica solicitaron al Congreso rechazar el proyecto oficial sobre propiedad privada, alertando que facilita la extranjerización de tierras y recursos hídricos. Advirtieron que la iniciativa fomenta la especulación inmobiliaria y perjudica el acceso a la vivienda.
El FBI desarticuló un complot de extrema derecha para atacar con drones y francotiradores la Casa Blanca durante el cumpleaños de Donald Trump. Hay cinco detenidos y la investigación continúa para capturar a más sospechosos que permanecen prófugos.
Clínicas privadas de todo el país suspenderán la asignación de turnos a afiliados del PAMI por deudas estatales y aranceles desactualizados. La medida, que podría extenderse a cirugías programadas, expone las tensiones presupuestarias y fiscales del Gobierno nacional.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción por 60 días en diez provincias debido a la violencia narco. La medida militariza las calles y suspende garantías constitucionales, generando alertas en organismos de derechos humanos.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum consideró probable reunirse en la capital con el rey Felipe VI de España, quien viajará al país por el Mundial de fútbol. El encuentro marcaría una distensión diplomática tras los reclamos por la Conquista.
La petrolera Repsol firmó un acuerdo con Venezuela para explorar crudo liviano en el Lago de Maracaibo. Impulsado por Delcy Rodríguez tras la flexibilización de sanciones estadounidenses, el convenio busca reactivar la producción petrolera nacional con inversión extranjera garantizada.
El secretario general de la ONU, António Guterres, visitó Haití para solidarizarse con la población ante la violencia de las pandillas. Exigió ayuda internacional urgente para frenar la crisis alimentaria y el desplazamiento masivo, mientras se despliega una nueva fuerza militar.
Alemania e India firmarán un acuerdo para construir submarinos de alta tecnología en Bombay. Según DW, el proyecto busca contener el avance naval de China y Pakistán en el Indo-Pacífico, diversificando la histórica dependencia bélica india de los proveedores rusos.
