Personal de la DDI de Quilmes detuvo a un hombre de 34 años que utilizaba uniformes, balizas y armas para exigir dinero en la avenida Eva Perón. El investigado, con pasado en dos fuerzas de seguridad, fue imputado por extorsión agravada.
Personal de la DDI de Quilmes detuvo a un hombre de 34 años que utilizaba uniformes, balizas y armas para exigir dinero en la avenida Eva Perón. El investigado, con pasado en dos fuerzas de seguridad, fue imputado por extorsión agravada.
La Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes culminó este martes una investigación iniciada en febrero tras una serie de denuncias por cobros ilegales en la zona sur del conurbano. Gabriel Fernando Funes, de 34 años, resultó aprehendido tras un allanamiento en su domicilio particular, donde se halló un arsenal de elementos utilizados para simular autoridad policial.
La pesquisa, bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 5, determinó que Funes se presentaba ante los comerciantes como “jefe de calle“. Para dar credibilidad a su impostura, el hombre utilizaba un vehículo Ford Fiesta blanco equipado con balizas adaptables, indumentaria oficial, correajes y armas de tipo airsoft. Entre los elementos secuestrados también se contabilizaron municiones y granadas lacrimógenas.
Los hechos más documentados ocurrieron en la avenida Eva Perón al 4200. El 17 de febrero, el imputado habría obligado al dueño de una gomería a entregarle una cubierta y realizar el montaje sin costo bajo amenazas.
Tres días después, un lavadero cercano sufrió una exigencia de 10.000 pesos. Según los testimonios recolectados, Funes solía presentarse en aparente estado de intoxicación, reforzando su amedrentamiento con una faca y la promesa de “violencia callejera” si no se cumplían sus demandas.
El historial laboral del detenido revela que integró la Policía Federal Argentina con el rango de cabo y, posteriormente, la Policía de la Ciudad, de donde fue apartado. Esta experiencia previa le permitía conocer los códigos y dinámicas de las fuerzas de seguridad para manipular a sus víctimas, quienes accedían a los pagos por temor a represalias institucionales.
La causa ha sido caratulada como extorsión agravada por reiteración. Mientras la justicia avanza en el peritaje de los elementos incautados, los comerciantes de la zona expresaron su preocupación por la facilidad con la que personal exonerado conserva equipamiento de uso exclusivo.
La detención de Funes expone una zona gris en la seguridad administrativa de las fuerzas: la trazabilidad del equipamiento oficial tras la baja de un efectivo. ¿Cómo pueden los ciudadanos distinguir entre un operativo legítimo y una puesta en escena criminal cuando los elementos utilizados son, en esencia, reales?
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