Claudio Tapia y Pablo Toviggino enfrentan un escenario judicial más complejo tras la ratificación del magistrado que los investiga. El Ministerio Público Fiscal solicitó este viernes ampliar los procesamientos por otros 6.600 millones de pesos, al considerar que la entidad utilizó fondos de seguridad social para obtener réditos financieros.
La Cámara en lo Penal Económico ratificó al juez Diego Amarante al frente de la investigación que involucra a las máximas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El tribunal descartó el pedido de recusación presentado por la defensa del tesorero, Pablo Toviggino, quien había alegado una supuesta “enemistad manifiesta” del magistrado.
Tras esta resolución, el panorama judicial para los dirigentes se agravó con un nuevo pedido del Ministerio Público Fiscal para incluir montos vinculados a contratos de publicidad.
El fiscal de Cámara, Gabriel Pérez Barberá, solicitó formalmente ampliar el procesamiento de Claudio Tapia, Pablo Toviggino y otros directivos. El planteo busca incorporar 6.679.796.471 de pesos en concepto de patrocinios publicitarios, cifra que representa el 77 % de los fondos de la seguridad social bajo investigación. Según la fiscalía, la AFA funcionó como intermediaria de estos recursos que debían ser remitidos a los clubes, pero que habrían sido retenidos para obtener beneficios financieros.
El centro del debate jurídico radica en si la falta de pago de impuestos por publicidad constituye el mismo delito que la retención de aportes salariales. Mientras que el juez de primera instancia había excluido estos montos inicialmente por considerarlos “autorretenciones“, los fiscales Navas Rial y Pérez Barberá sostienen que la ley penal debe alcanzar ambas modalidades. Para la fiscalía, excluir estos importes dejaría sin protección una parte sustancial de los recursos destinados al sistema de seguridad social.
Por su parte, las defensas de los implicados argumentaron que no existió voluntad criminal. Tapia sostuvo ante la justicia que su rol es institucional y ajeno a las áreas técnicas encargadas de los pagos.
Toviggino, en tanto, señaló que la entidad se amparó en planes de alivio fiscal vigentes y que gran parte de la deuda ya fue cancelada. No obstante, el magistrado Amarante calificó la maniobra como un “evidente plan” de depósitos tardíos para capitalizar financieramente los montos no ingresados a término.
Actualmente, los dirigentes procesados tienen prohibido salir del país y deben cumplir con la obligación de informar cualquier ausencia de sus domicilios mayor a 72 horas.
Además, sobre Tapia y Toviggino pesan embargos preventivos de 350 millones de pesos, cifra que podría incrementarse significativamente si la Cámara acepta el pedido de la fiscalía de ampliar la base del procesamiento.
Los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio deberán resolver, tras las presentaciones de las defensas previstas para mayo, si confirman los procesamientos. Una ratificación de la alzada dejaría la causa a las puertas del juicio oral, marcando un precedente sobre la administración de fondos en el fútbol profesional argentino.
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