A través de una decisión administrativa, Economía profundizó el ajuste en áreas estratégicas como energía atómica, becas e infraestructura escolar. El financiamiento para ciencia y tecnología cae a niveles inferiores a los de la crisis de 2002 y la dictadura de 1976, en medio de una fuga de cerebros sin precedentes.
En una maniobra que termina de dinamitar los puentes de diálogo con la comunidad académica, el Gobierno nacional oficializó un nuevo recorte masivo de $110.000 millones que afecta directamente a la educación pública y al sistema científico-tecnológico. La medida, instrumentada a través de la Decisión Administrativa 20/2026, responde a una instrucción directa de la Jefatura de Gabinete para “adecuar los gastos” ante la vigencia de leyes de financiamiento que el Ejecutivo se niega a respaldar con partidas reales.
Este nuevo hachazo presupuestario llega en el momento de mayor tensión política, justo en la antesala de la cuarta marcha federal universitaria. La movilización, que promete ser masiva y transversal, reclama la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una normativa que el presidente Javier Milei mantiene suspendida de hecho para sostener el superávit fiscal.
El desglose de la poda presupuestaria revela un ataque multicausal a la matriz del conocimiento. En la Secretaría de Educación, el Gobierno restó $35.288 millones al Plan Nacional de Alfabetización y otros $21.686 millones a infraestructura y equipamiento básico. En la práctica, esto significa escuelas que no se reparan y programas de lectura que desaparecen.
Sin embargo, el sector más castigado por la “motosierra” de Manuel Adorni y Luis Caputo es el de Ciencia y Técnica. La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) sufrió una quita de $19.742 millones, poniendo en jaque proyectos estratégicos de soberanía energética. Le siguen la Secretaría de Innovación y la CONAE, esta última fundamental para los compromisos internacionales con la NASA. El CONICET, por su parte, perdió $3.263 millones, de los cuales la mayor parte estaban destinados a becas de investigación, el combustible esencial para la formación de nuevos científicos.
La gravedad del ajuste no solo reside en el monto nominal, sino en su peso relativo sobre la economía. Según informes del Centro Iberoamericano de Investigación en CTI (CiiCTi), el presupuesto dedicado a la ciencia este año representará apenas el 0,149% del PBI. Esta cifra es la más baja desde que se inició la serie estadística en 1972.
Para dimensionar la magnitud del desplome: el financiamiento actual ha perforado los pisos históricos de la crisis de 2002 (0,177%) y los años más oscuros de la última dictadura militar en 1976 (0,194%). Es decir, la inversión estatal en conocimiento está hoy por debajo de los niveles de supervivencia de las peores crisis sociales y políticas del último medio siglo.
En cuanto a las universidades, el panorama es de “presupuesto de subsistencia”. Con partidas congeladas frente a una inflación que no da tregua en los servicios públicos, el peso del financiamiento universitario cayó del 0,72% al 0,47% del PBI en menos de dos años.
Más allá de los edificios y los insumos, el daño más irreversible se registra en el capital humano. Los salarios de los docentes universitarios perdieron un 32% de poder adquisitivo desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza. Esto ha provocado un éxodo masivo: se estima que ya hubo 10.000 renuncias en todo el país.
El goteo de profesionales es alarmante en áreas clave para el desarrollo económico que el propio Gobierno intenta traccionar, como la energía y la minería. Solo en las facultades de Ciencias Exactas e Ingeniería de la UBA, se pierden en promedio dos docentes por día. Investigadores que el Estado tardó décadas en formar están migrando al sector privado o al exterior ante la imposibilidad de cubrir la canasta básica o mantener sus proyectos de investigación.
Como si el recorte fuera poco, la gestión diaria se ha vuelto un laberinto financiero. Del escaso presupuesto que se logra ejecutar en el área de ciencia, casi el 43% figura como “deuda flotante”. Esto significa que, aunque los fondos están aprobados en los papeles, el Tesoro no los transfiere, dejando a los organismos con facturas impagas y proyectos paralizados.
Con este escenario de asfixia total, la comunidad universitaria y científica vuelve a las calles. No solo piden por sus salarios, sino por la supervivencia de un sistema que, según los datos oficiales, está siendo desmantelado hasta alcanzar niveles de desinversión que la democracia argentina no conocía.
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