Matías Tobar, el constructor que declaró en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el Jefe de Gabinete, desmintió al Presidente tras ser tildado de “kirchnerista”. El empresario ratificó ante la Justicia que las refacciones en la propiedad alcanzaron los USD 245 mil y dio detalles de los pagos.
El escándalo por el patrimonio de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones públicas de Matías Tobar, el contratista a cargo de las obras en el country Indio Cuá. Tobar rompió el silencio para aclarar su postura política luego de que el presidente Javier Milei intentara deslegitimar su testimonio judicial vinculándolo al kirchnerismo. “Yo voté a Milei, pero eso no tiene nada que ver”, sentenció el empresario, buscando separar su afinidad electoral de su deber como testigo.
Aunque reconoció haber participado anteriormente en una agrupación vecinal cercana al peronismo, Tobar insistió en que su declaración se ajusta estrictamente a los hechos técnicos de la obra. El constructor ratificó que el costo total de las remodelaciones en la vivienda ascendió a USD 245 mil, una cifra que el oficialismo intentó presentar como “inflada”. Sin embargo, el contratista explicó que ese monto global incluye servicios donde él solo actuó como nexo administrativo.
Durante su entrevista, Tobar fue preciso al desglosar los movimientos financieros de la polémica refacción. Según su relato, recibió de forma directa cerca de USD 95 mil en efectivo, de los cuales solo 20 mil correspondieron a sus honorarios profesionales. El resto del capital se destinó al pago de materiales de construcción y salarios de los empleados, mientras que otros rubros, como el paisajismo, fueron abonados directamente por el propio Jefe de Gabinete a los prestadores recomendados.
El contratista admitió ser consciente del impacto político que sus palabras tendrían sobre la figura de Adorni. “Sabía que con esa declaración iba a terminar enquilombando a una persona”, reflexionó, aunque remarcó que su prioridad fue cumplir con la verdad ante la autoridad judicial. Pese al conflicto legal, Tobar sorprendió al manifestar que aún cree en la honestidad del funcionario y expresó su deseo de reencontrarse con él en el futuro en términos amistosos.
La causa por presunto enriquecimiento ilícito continúa su curso, poniendo el foco en la capacidad de ahorro y los gastos de consumo del vocero presidencial durante sus primeros 18 meses de gestión. La declaración de Tobar resulta clave para los investigadores, ya que permite cotejar el flujo de dinero en efectivo utilizado para las mejoras en la propiedad de Indio Cuá con las declaraciones juradas presentadas por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción.
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