La gestión de Jorge Macri logró sortear un escenario legislativo complejo al obtener la aprobación de la reforma al Presupuesto 2026. La sanción fue posible gracias a un pacto político de reciprocidad con el bloque de La Libertad Avanza: mientras el oficialismo porteño respaldó las iniciativas económicas promovidas por los libertarios —como la adhesión al RIGI nacional y la implementación de un régimen local para medianas inversiones (RIMI)—, la bancada “violeta” facilitó la votación presupuestaria mediante una abstención masiva que allanó el camino a la mayoría necesaria.
El ajuste contable implica un incremento del 15,5% en las partidas vigentes, una medida técnica indispensable tras el desfasaje de las proyecciones inflacionarias fijadas originalmente por el Gobierno nacional. Los nuevos fondos, que ascienden a 2,5 billones de pesos, se destinarán prioritariamente a cubrir recomposiciones salariales del personal público y a sostener contratos de servicios esenciales como la seguridad y la higiene urbana. Para financiar este gasto, el Ministerio de Hacienda proyecta un fortalecimiento de la recaudación propia y de los ingresos por coparticipación federal.
La jornada en el recinto estuvo marcada por intensos cruces dialécticos. Mientras el PRO defendió la “excelencia administrativa” de las cuentas locales y el equilibrio fiscal, el peronismo y la izquierda rechazaron la ampliación calificándola de “engañosa” y criticando el impacto de la recesión en el consumo porteño. Por su parte, los legisladores libertarios justificaron su postura inicial de resistencia bajo el argumento de que la Ciudad debe profundizar el reordenamiento del gasto, aunque finalmente cedieron tras incluir modificaciones en la Ley Impositiva que elevan los topes de exención para diversas actividades comerciales y de servicios.
Fuera del eje económico, la sesión abordó dos cuestiones de alta sensibilidad social. Por un lado, se aprobó por unanimidad una ley que obliga al Gobierno porteño a garantizar el envío de boletas tributarias en formato papel a ciudadanos mayores de 70 años, buscando mitigar la brecha digital en la tercera edad. Por otro lado, la crisis de financiamiento de las universidades nacionales generó un debate de alta tensión política; allí, el oficialismo porteño optó por la abstención para no comprometer su alianza con La Libertad Avanza, priorizando la estabilidad de su agenda legislativa sobre la declaración de preocupación por el desfinanciamiento educativo que impulsaba la oposición.