Un tribunal de Nueva York determinó que la medida impulsada por el Departamento de Estado vulnera la ley. El fallo revoca los rechazos emitidos bajo esta normativa.
Un tribunal de Nueva York determinó que la medida impulsada por el Departamento de Estado vulnera la ley. El fallo revoca los rechazos emitidos bajo esta normativa.

La Justicia federal de los Estados Unidos asestó un duro revés a las medidas restrictivas impuestas por la administración de Donald Trump al anular la suspensión de los trámites de visa para la residencia permanente que afectaba a ciudadanos de 75 países.
La resolución, dictada este viernes por la jueza Jeannette Vargas desde un tribunal federal con sede en Nueva York, invalida la directiva iniciada a comienzos de año y ordena rever los rechazos consolidados bajo esta normativa.
En sus fundamentos, la magistrada remarcó que la disposición impulsada por el Departamento de Estado resultaba “contraria a la ley” y determinó que la decisión excedía de forma directa la “autoridad legal” del secretario de Estado, Marco Rubio.
La suspensión, que se encontraba vigente desde el 21 de enero, aplicaba de manera específica a las visas de inmigrante —necesarias para obtener la residencia permanente— e involucraba a solicitantes de naciones como Brasil, Somalia, Rusia, Afganistán, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia y Yemen.
En su momento, el Departamento de Estado intentó justificar la medida argumentando que los ciudadanos provenientes de las naciones listadas representaban “un alto riesgo de depender de la asistencia social o de convertirse en una carga para las finanzas públicas”. Sin embargo, el análisis judicial desmontó esa premisa al constatar irregularidades en el procedimiento consular aplicado.
La jueza Vargas dictaminó que los funcionarios consulares recibieron órdenes indebidas para denegar los visados basándose de forma exclusiva en la nacionalidad de origen de los peticionantes.
La sentencia establece que esta práctica se ejecutó incluso en aquellos casos donde los solicitantes habían demostrado previamente que cumplían con la totalidad de los requisitos legales exigidos. Como consecuencia, el fallo revoca cualquier denegatoria sustentada únicamente en esta política, aunque el gobierno conserva la potestad de apelar.
Esta resolución representa un nuevo obstáculo para el programa migratorio de Trump, enfocado tanto en las deportaciones masivas como en limitar el ingreso legal de extranjeros.
Previamente, la administración ya había sufrido derrotas clave en los tribunales: a principios de junio, un juez anuló la tasa de 100.000 dólares para las visas de trabajo del sector tecnológico, mientras que a finales de ese mismo mes, la Corte Suprema invalidó el decreto que buscaba eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados.
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