Un fallo de la Justicia bonaerense que frenó por 60 días la aplicación de la baja en la edad de imputabilidad encendió la mecha de un violento cruce de acusaciones. Mientras el Gobierno nacional acusa a Axel Kicillof de “estar del lado de los delincuentes”, la Provincia denuncia que la reforma es un “eslogan de …
La discusión sobre la seguridad y el delito juvenil en la Argentina dejó de ser un debate estrictamente jurídico para transformarse en un nuevo campo de batalla político entre el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires. La mecha que encendió la pólvora fue la decisión de la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien resolvió suspender por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense a raíz de un hábeas corpus.
Pascual aclaró públicamente que no se opone a la decisión legislativa de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, pero fundamentó su fallo en la falta de condiciones estructurales e institucionales para aplicar la normativa. “No romantizo a los chicos que salen con un arma, pero no pasa por encerrarlos por el encierro mismo. Me parece pésimo que estén enrejados sin los mecanismos para que se responsabilicen por sus actos”, sostuvo la magistrada, apelando al concepto de justicia restaurativa y advirtiendo que, sin infraestructura adecuada, la ley no le brindará seguridad a la sociedad.
Las explicaciones de la jueza no amortiguaron la reacción de la Casa Rosada, que convirtió el fallo en el argumento central para embestir directamente contra la gestión de Axel Kicillof. El primero en salir al cruce fue el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, quien cuestionó el posicionamiento del Ejecutivo provincial y planteó un escenario drástico: “Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil. En la provincia, si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune”.
Sin atenuantes, el funcionario nacional reforzó la narrativa oficialista apuntando contra el perfil ideológico del gobernador: “Una vez más, el gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima”.
En la misma línea se expresó la senadora oficialista Patricia Bullrich, quien catalogó a la provincia de Buenos Aires como un territorio donde “el delincuente tiene vía libre” debido a una matriz judicial “garantista”. “Tenés a Kicillof que se pone del lado de los delincuentes mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”, disparó la exministra, señalando a la Justicia provincial por liberar sospechosos que terminan “destruyendo familias”.
La respuesta de la administración provincial no se hizo esperar y corrió por cuenta del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. Lejos de eludir la confrontación, Alonso apuntó al meollo económico y operativo del problema, cuestionando la viabilidad de implementar una reforma de semejante magnitud sin respaldo financiero por parte de la Nación.
“Concéntrese en hacer el trabajo que tiene que hacer y en devolverles a los bonaerenses los recursos que les han quitado”, le recriminó directamente a Santilli a través de la red social X. El funcionario provincial fundamentó el freno judicial argumentando la ausencia de juzgados especializados, fiscalías, centros de reclusión y personal capacitado: “¿Dónde están los fondos que Milei les niega a los bonaerenses para hacerlo posible? Sin estructura, recursos e inversión, su reforma es apenas una modificación en los papeles. Un eslogan de campaña”.
Lejos de bajar el tono, el contrapunto derivó en un intercambio de agresiones personales. Santilli recogió el guante y le respondió al ministro bonaerense elevando la tensión y apelando a viejas polémicas de la gestión pública: “Señor Ministro de Inseguridad de la Provincia de Buenos Aires, ¿por qué no se sienta con el Gobernador y le pide que deje de comprar penes de madera?”, lanzó el jefe de Gabinete en referencia a un insumo educativo adquirido años atrás para la enseñanza de educación sexual en escuelas.
“Mejor que invierta más en seguridad, que el conurbano es tierra de nadie”, remató el dirigente nacional, clausurando así un capítulo donde la rosca política terminó por opacar el debate de fondo. La suspensión por 60 días dispuesta por la Justicia dejó al descubierto no solo las falencias estructurales para contener el delito juvenil, sino también la fractura expuesta entre dos modelos de gestión que ya juegan, sin disimulo, la carrera política hacia 20
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