La agrupación oficialista en la provincia de Buenos Aires acusa a Marta Pascual de actuar como un “peón de Kicillof” y atentar contra una norma votada por el Congreso. Detrás del fallo que desató la furia libertaria está un hábeas corpus del Padre Pepe por las deficientes condiciones edilicias y la falta de recursos en …
La confrontación por la suspensión de la ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años cruzó un nuevo límite institucional. La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires anunció que pedirá el juicio político contra la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien horas antes resolvió frenar por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense.
El espacio conducido a nivel provincial por el armador libertario Sebastián Pareja considera que la resolución judicial es un “fallo político” desalineado de los reclamos sociales de seguridad y un desacato a la ley sancionada por el Congreso Nacional. “Una jueza que actúa como un peón del gobernador no cumple con las características básicas que debe reunir un juez”, lanzó Pareja, vinculando directamente a la magistrada con la gestión de Axel Kicillof y acusándola de “proteger a los delincuentes” por encima de las víctimas.
El pedido de destitución fue respaldado en bloque por los principales referentes parlamentarios de La Libertad Avanza en la Provincia, quienes endurecieron el tono contra el fuero penal juvenil.
Carlos Curestis (Presidente del bloque de Senadores provinciales): Acusó a la magistrada de “garantizar la impunidad” y sostuvo que los vecinos no pueden seguir siendo “rehenes de un gobernador y una justicia que defienden al delincuente”.
Juan Osaba (Presidente del bloque de Diputados provinciales): Calificó de “inadmisible” la medida y ratificó que avanzarán hasta las últimas consecuencias en el jury de enjuiciamiento: “Acá no hay argumento que sirva. Es una ley aprobada por el Congreso Nacional y vamos a llevarla a juicio político por esta decisión”.
A pesar de la lectura política que hace el oficialismo nacional, la resolución de la jueza Pascual —quien fue ministra de Desarrollo Humano durante la gobernación de Eduardo Duhalde— no surgió de manera arbitraria, sino como respuesta a una acción judicial de urgencia.
La suspensión por 60 días fue dictada a partir de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, presidida por el presbítero José María “Pepe” Di Paola, en representación de adolescentes privados de su libertad.
El fallo judicial fundamenta que la Provincia no cuenta con las condiciones materiales, profesionales e institucionales mínimas para ampliar el universo de menores punibles sin vulnerar tratados internacionales de derechos humanos. Durante inspecciones realizadas en el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora y otros dispositivos del Organismo Provincial de Niñez, la Justicia constató:
Falta de acceso efectivo a la educación y a programas de formación profesional o laboral.
Aislamiento prolongado y deficiencias edilicias persistentes.
Superpoblación en centros socioeducativos, los cuales ya cuentan con cupos máximos fijados por la Justicia debido al colapso de la infraestructura.
Con el pedido de juicio político sobre la mesa como medida de presión, la jueza Pascual fijó para el próximo 16 de septiembre una audiencia multipropósito, donde las autoridades del Ejecutivo provincial deberán presentar un informe detallado sobre los recursos, obras e infraestructura planificados para sostener la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil. Mientras tanto, el choque de poderes promete sumar nuevos capítulos en la Justicia y la Legislatura.
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