Más de la mitad de la traza nacional que atraviesa la provincia se encuentra en condiciones deplorables. La falta de mantenimiento estructural, sumada a una disputa jurisdiccional por los radares de velocidad, ya se cobró 34 vidas en lo que va del año.
El deterioro de la infraestructura vial en la provincia de Santa Fe ha cruzado el límite del abandono para convertirse en una verdadera trampa mortal. Transitar por las rutas nacionales dejó de ser una cuestión de logística o un viaje rutinario para transformarse en un riesgo constante para la vida de los conductores. Según los últimos reportes oficiales, entre enero y abril de 2026, ya se registraron 34 muertes en siniestros viales ocurridos en estos corredores. Las estadísticas recopiladas por la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina) son contundentes y exponen una realidad inocultable: más del 53% de los 2.700 kilómetros de rutas nacionales en territorio santafesino se encuentra en estado “malo”.
Los informes técnicos basados en el Índice de Estado (IE) —el cual mide el nivel de deterioro del pavimento y otras variables críticas— indican que apenas un 20% de la red nacional en la provincia presenta buenas condiciones, mientras que el 26,3% califica como “regular”. Entre los corredores más afectados por la desidia estatal se encuentran las rutas 8, 9, 11, 33, 34, 78, 95, 178, la A012 y tramos de la 168. En estas vías, los transportistas y automovilistas deben sortear a diario baches profundos, banquinas descalzadas, falta de iluminación y una escasa o nula señalización.
El ranking de peligrosidad lo encabeza cómodamente la Ruta Nacional 34. Este corredor, caracterizado por una altísima circulación de tránsito pesado y camiones de carga, es el principal escenario de una siniestralidad alarmante: solo en lo que va de 2026, ya registró 12 muertes en nueve siniestros diferentes, arrojando una tasa de tres fallecidos cada 100 kilómetros. Muy de cerca le siguen la Ruta 33, que presenta fallas estructurales profundas donde la base del asfalto ha cedido, y la Ruta 11, con cráteres de tal magnitud que en tramos de hasta 500 kilómetros los automovilistas se ven obligados a circular directamente por las banquinas de tierra para evitar destruir sus vehículos.
En la descripción de Fepevina, las rutas nacionales santafesinas están literalmente “detonadas”. Los especialistas técnicos advierten que ya no alcanzan los bacheos superficiales o las reparaciones temporales; se requiere una reconstrucción total de la traza y, en los tramos de mayor embotellamiento, la urgente ampliación de la calzada para soportar el enorme flujo del transporte agroexportador que se dirige hacia los puertos de la región.
Frente a este escenario desolador, desde el gobierno provincial y diversos organismos denuncian lo que han bautizado como la paradoja del “triple cobro”. El ciudadano que transita por Santa Fe paga tres veces por un mantenimiento que jamás recibe. En primer lugar, aporta a través del impuesto al combustible, del cual un porcentaje se destina directamente a Vialidad Nacional. En segundo término, abona las elevadas tarifas de los peajes instalados a lo largo de los corredores. Y finalmente, asume el altísimo costo extra de reparación de sus propios vehículos, dañados sistemáticamente por la rotura de neumáticos, llantas y sistemas de suspensión a causa del asfalto destrozado.
La diferencia de gestión queda expuesta al comparar las distintas jurisdicciones dentro del mismo territorio geográfico. Datos de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) revelan una brecha abismal: la siniestralidad fatal en las rutas nacionales es seis veces mayor que en las provinciales. Mientras los corredores bajo la órbita de Santa Fe registran 0,2 muertes cada 100 kilómetros, los nacionales trepan a 1,3 fallecidos en la misma distancia. Factores climáticos adversos como la lluvia o la niebla multiplican de manera exponencial este riesgo al combinarse con la infraestructura colapsada.
A la falta de obras —que ya derivó en fallos inéditos de la Justicia Federal ordenando a Vialidad Nacional realizar reparaciones urgentes tras los reclamos políticos— se suma un nuevo agravante que paraliza la prevención: el conflicto por los controles de velocidad. Una disputa burocrática entre Nación y Provincia por la autorización y competencia de los radares ha dejado a las rutas nacionales virtualmente sin fiscalización.
La gravedad de esta ausencia de controles preventivos quedó dolorosamente expuesta con la reciente muerte de una pareja que volcó en la Ruta Nacional 34, a la altura de Rafaela (kilómetro 242). El trágico siniestro del sábado 17 de octubre, que dejó además a otros dos ocupantes gravemente heridos, ocurrió cuando la camioneta perdió el control al llegar a un sector donde la traza se angosta y conecta de forma abrupta con una calzada de doble sentido. Según las primeras informaciones, el conductor no habría logrado reducir la velocidad a tiempo ante la exigencia del terreno.
Si bien la Justicia investiga las causales exactas de este último vuelco, el desenlace fatal reaviva una exigencia fundamental. La seguridad de los ciudadanos no puede quedar de rehén de discusiones administrativas ni promesas de futuras privatizaciones. Mientras los distintos estamentos del Estado debaten competencias sobre radares y jurisdicciones, miles de familias siguen saliendo a rutas que no perdonan el más mínimo error, donde una velocidad inadecuada o un pozo camuflado en el asfalto representan la diferencia irreversible entre la vida y la muerte.
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Más de la mitad de la traza nacional que atraviesa la provincia se encuentra en condiciones deplorables. La falta de mantenimiento estructural, sumada a una disputa jurisdiccional por los radares de velocidad, ya se cobró 34 vidas en lo que va del año.
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