Tamara J.P.G., conocida como “The American Girl”, fue arrestada por la Policía de la Ciudad tras un allanamiento que desarticuló una red que comercializaba entradas ilegales para partidos de la Selección y recitales masivos.
Tamara J.P.G., conocida como “The American Girl”, fue arrestada por la Policía de la Ciudad tras un allanamiento que desarticuló una red que comercializaba entradas ilegales para partidos de la Selección y recitales masivos.

La Policía de la Ciudad detuvo a una mujer de 35 años, identificada como Tamara J.P.G. y apodada “The American Girl”, como parte de un operativo contra una organización dedicada a la reventa ilegal de entradas para eventos deportivos y musicales.
La investigación comenzó el 29 de agosto, cuando la Dirección de Prevención en Eventos Masivos detectó perfiles en redes sociales que ofrecían tickets para partidos de la Selección Argentina, incluyendo encuentros por las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, y para recitales como Lollapalooza y Quilmes Rock.
El allanamiento tuvo lugar este miércoles en un domicilio del barrio Villa Santa Rita, donde se incautaron más de cinco millones de pesos, tres mil dólares, celulares de alta gama, computadoras y un revólver con municiones.

Además de la principal detenida, el procedimiento permitió identificar a otros integrantes de su entorno familiar, quienes están siendo investigados en torno a la causa. Tamara quedó imputada por violar el artículo 91 del Código Contravencional, que prohíbe la reventa fraudulenta de entradas destinadas a espectáculos deportivos y artísticos.
Entre los elementos secuestrados figuran registros detallados de ventas, precios y ubicaciones, evidenciando la operatividad de la red. El impacto de este tipo de actividades afecta no solo la economía de los consumidores, sino también la transparencia y el acceso equitativo a eventos de alta demanda.
La detención plantea cuestionamientos respecto a la eficacia de los controles vigentes y abre un debate necesario sobre la implementación de políticas más robustas para impedir la especulación con entradas y proteger al público.
El Senado inicia sesiones ordinarias debatiendo la continuidad del juez Carlos Mahiques y el pliego de Lucila Crexell para la embajada en Canadá. La oposición cuestiona la designación diplomática de la exsenadora tras su voto clave en reformas gubernamentales pasadas.
El gobierno de Milei enfrenta una crisis por escándalos judiciales y filtraciones telefónicas que comprometen al entorno presidencial. Entre internas de gabinete y desafíos económicos, la gestión intenta retomar la agenda mientras endurece su postura frente a la industria y la justicia.
El empresario Marcelo Porcel será indagado este miércoles por presunto abuso sexual y corrupción de menores. La justicia investiga si aprovechaba reuniones sociales para vulnerar a compañeros de sus hijos, apoyándose en testimonios de cámara Gesell y pruebas halladas en celulares.
La familia Castro lidera las negociaciones con Estados Unidos para evitar el colapso energético en Cuba. Ante el bloqueo petrolero, el régimen prioriza reformas económicas y la apertura a inversiones extranjeras, buscando preservar el poder militar y la continuidad dinástica.
El primer ministro británico, Keir Starmer, pidió no desatender el conflicto ucraniano pese a las tensiones en Oriente Medio. Al recibir a Zelenski en Londres, anunció una nueva alianza de defensa y ratificó su respaldo estratégico frente a la invasión rusa.
La presidenta Claudia Sheinbaum consideró factible que México reciba los partidos de Irán en el Mundial 2026. La propuesta surge ante la falta de garantías de seguridad en Estados Unidos, aunque la FIFA aún prioriza mantener el calendario de sedes original.
Venezuela se coronó campeona del Clásico Mundial de Béisbol tras vencer 3-2 a Estados Unidos en Miami. Con un cierre dramático, la Vinotinto logró su primer título histórico, desatando festejos masivos en Caracas y un decreto de júbilo nacional no laborable.
El Salvador instauró la cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas tras una reforma constitucional impulsada por Nayib Bukele. La medida, que elimina el límite de 60 años de cárcel, endurece la política de seguridad pese a las denuncias internacionales.