Estado de sitio en Guatemala tras ofensiva terrorista de pandillas

Guatemala decretó estado de sitio tras una ofensiva del Barrio 18 que dejó siete policías muertos y tres cárceles amotinadas. La violencia, desatada por la captura del líder “El Lobo”, fue controlada por el Gobierno, que rechazó negociar con terroristas.

Detención de convictos en Guatemala

Una violenta oleada de ataques coordinados por la organización criminal Barrio 18 sumió a Guatemala en una profunda crisis de orden público, dejando un saldo de siete efectivos policiales fallecidos. La ofensiva delictiva comenzó como una represalia directa ante la captura de Aldo Duppie Ochoa, conocido como “El Lobo”, máximo referente de la banda, quien fue puesto bajo custodia estricta el fin de semana. En respuesta, células de la pandilla lanzaron diez atentados simultáneos contra destacamentos de seguridad y provocaron motines en tres recintos penitenciarios del país, donde llegaron a retener a 37 personas, incluyendo personal administrativo y guardias.

Tras horas de máxima tensión, el Ministerio de Gobernación informó que las fuerzas especiales lograron recuperar el mando de las prisiones y liberar a la totalidad de los rehenes. No obstante, la magnitud de la agresión, que incluyó la quema de oficinas gubernamentales y el asesinato de agentes en emboscadas, llevó al presidente Bernardo Arévalo a declarar el estado de sitio en todo el territorio por un periodo de treinta días. El mandatario también decretó tres jornadas de duelo nacional para honrar a los uniformados caídos, enfatizando que su administración no cederá ante chantajes de grupos que han sido catalogados formalmente como organizaciones terroristas.

La medida de excepción busca otorgar facultades extraordinarias al Ejército y a la Policía Nacional para desarticular las estructuras de las maras sin interrumpir la movilidad ciudadana ni el ejercicio de los derechos fundamentales de la población civil. El gobierno fue enfático al señalar que los disturbios buscaban presionar para obtener privilegios carcelarios para Ochoa, quien suma condenas de dos mil años por crímenes que van desde el sicariato hasta la extorsión a gran escala. Con la suspensión preventiva de actividades educativas para este lunes, el Estado guatemalteco intenta consolidar el control mientras se mantiene en alerta máxima ante posibles nuevas represalias.

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