Chequeado apela los fallos que amparan el secreto de la petrolera estatal, mientras Editorial Perfil solicita intervenir bajo el antecedente de Aerolíneas Argentinas. Una caja de $128.000 millones bajo la lupa.
Chequeado apela los fallos que amparan el secreto de la petrolera estatal, mientras Editorial Perfil solicita intervenir bajo el antecedente de Aerolíneas Argentinas. Una caja de $128.000 millones bajo la lupa.
A pesar del insistente relato oficial que asegura la eliminación total de la publicidad oficial, los fondos destinados a los medios de comunicación continúan fluyendo de forma masiva a través de las corporaciones públicas. En este escenario, la opacidad en el manejo de los recursos de YPF ha desatado una batalla judicial decisiva por la transparencia. Tras recibir dos fallos adversos en instancias previas, el medio digital Chequeado, con el patrocinio institucional de Poder Ciudadano, presentó un recurso extraordinario para acudir a la Corte Suprema de Justicia, exigiendo que la petrolera nacional informe detalladamente cómo y a quiénes distribuye sus fondos publicitarios. Para apuntalar este reclamo de interés público, Editorial PERFIL solicitará sumarse al expediente bajo la figura de amicus curiae.
El conflicto legal comenzó en septiembre de 2024, cuando Chequeado solicitó formalmente el desglose de los montos, agencias, redes sociales y empresas periodísticas beneficiadas por la pauta de YPF. La compañía, conducida por Horacio Marín, rechazó el pedido escudándose en su naturaleza jurídica de sociedad anónima para argumentar que no está alcanzada por la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública. Aunque la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) intimó a la empresa a entregar los datos, el secretismo persistió. Esto derivó en un amparo judicial en junio de 2025, el cual fue rechazado en primera instancia a fines de ese año y ratificado en mayo de 2026 por la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, obligando al medio a buscar la intervención del máximo tribunal del país.
La decisión de PERFIL de intervenir en esta causa estratégica no es casual. El grupo de medios cuenta con un sólido precedente a su favor en los tribunales: en marzo de 2025, la Sala III de la misma Cámara falló a favor de PERFIL, obligando a Aerolíneas Argentinas a transparentar su reparto publicitario, un listado detallado que desde entonces la aerolínea de bandera publica abiertamente en su sitio web. Franco Piccato, director ejecutivo de Chequeado, advirtió que lo que está en juego trasciende un caso de acceso a datos puntuales: “Se trata de establecer si las empresas con participación estatal pueden escudarse en su forma societaria para evitar rendir cuentas sobre el uso de recursos que pertenecen a los ciudadanos”.
El debate adquiere dimensiones críticas al analizar los presupuestos reales en danza. Según las investigaciones de Agustín Espada, especialista del Conicet y de la Universidad Nacional de Quilmes (UnQui), YPF invirtió la impactante suma de $128.000 millones en publicidad durante 2025, lo que representó un incremento del 31% respecto al año anterior. Para mensurar el verdadero peso de esta estructura de financiamiento, basta comparar los números del mercado: en el mismo período, el Banco Nación destinó $54.754 millones, la provincia de Buenos Aires $86.644 millones y la Ciudad de Buenos Aires $125.866 millones. YPF supera holgadamente los presupuestos de los principales distritos del país, consolidándose como un actor dominante y discrecional.
La distribución de esta multimillonaria billetera está bajo el mando directo de Guillermo Garat, vicepresidente de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing de YPF. Garat es un hombre clave en la arquitectura comunicacional gubernamental y socio del influyente asesor presidencial Santiago Caputo en la consultora Move Group. La influencia de esta terminal política quedó expuesta recientemente con la designación de Fabián Fernández —exdirector de Medios de YPF bajo la órbita de Garat— como nuevo secretario de Comunicación y Prensa de la Nación, evidenciando el nexo directo entre los fondos de la petrolera y la gestión pública de medios.
La causa sumó además un fuerte escándalo institucional cuando Chequeado recusó y pidió la nulidad del dictamen del fiscal de Cámara, Rodrigo Cuesta, quien había aconsejado fallar a favor de YPF. Cuesta se desempeñó como director y vicepresidente de Asuntos Legales de la petrolera entre 2012 y 2015, lo que representaba un evidente conflicto de interés. Si bien la Cámara desestimó el dictamen del fiscal por falta de objetividad, terminó convalidando de todas formas la postura opaca de la empresa. Ahora, el tribunal debe decidir si concede el recurso extraordinario. Si el expediente llega a la Corte Suprema, se pondrá a prueba el verdadero alcance del deber de transparencia de las corporaciones estatales y se abrirá la puerta para que la sociedad civil conozca los criterios detrás de los premios y castigos al periodismo.
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