Bajo un hermetismo absoluto, el fundador de Palantir desembarcó en la Argentina. Mientras el Gobierno calla, el historial de su empresa en guerras y represión dispara las alarmas sobre el futuro de nuestra seguridad ciudadana.
Bajo un hermetismo absoluto, el fundador de Palantir desembarcó en la Argentina. Mientras el Gobierno calla, el historial de su empresa en guerras y represión dispara las alarmas sobre el futuro de nuestra seguridad ciudadana.

La presencia de Peter Thiel en Buenos Aires no es un dato de color para la sección de negocios. Es, ante todo, una señal de alerta roja. Mientras los voceros oficiales evitan dar explicaciones sobre la agenda del magnate trumpista en el país, el aire porteño se espesa con la sombra de Palantir Technologies, la empresa que Thiel fundó para convertir el análisis de datos en el arma más letal del siglo XXI.
Para entender la amenaza, hay que entender qué es Palantir. No es una empresa de software convencional; es el sistema nervioso del Pentágono, el cerebro analítico detrás de las agencias de inteligencia de EE.UU. y el soporte tecnológico de las acciones bélicas de Israel. Su especialidad es el “poder duro” basado en Inteligencia Artificial (IA).
Recientemente, a través de su CEO, el filósofo Alexander Karp, la empresa publicó un manifiesto que eriza la piel: el anuncio de una “República Tecnológica”. En este documento, Palantir deja claro que considera a los gobiernos —y a los humanos— incapaces de gestionar la seguridad por sí mismos. Su propuesta es reemplazar el criterio político y social por algoritmos de vigilancia masiva y disuasión automatizada.

Uno de los puntos más inquietantes del manifiesto de Palantir es el 17, donde aseguran que Silicon Valley debe “abordar el crimen violento” mediante experimentos tecnológicos. Para una Argentina que atraviesa tensiones sociales y debates sobre la seguridad, la llegada de Thiel sugiere una oferta tentadora pero venenosa: vigilancia predictiva sin control ciudadano.
A diferencia de otras empresas de IA que imponen límites éticos —como Anthropic, que se niega a participar en vigilancia masiva o armas autónomas—, Palantir no tiene filtros. Su software ha sido vinculado a operaciones opacas, incluyendo el reciente y sangriento despliegue en Venezuela y acciones en la Franja de Gaza, ni hablar de los accionares de la policía ICE contra migrantes en Estados Unidos. Cuando Thiel camina por Buenos Aires, lo hace con una valija llena de herramientas probadas en campos de batalla, listas para ser aplicadas sobre poblaciones civiles.
¿Viene Thiel a ofrecer software para monitorear nuestras calles? ¿Está el Gobierno nacional negociando la entrega de nuestra base de datos biométricos y personales a una corporación extranjera que responde directamente a los intereses de la defensa estadounidense? La falta de transparencia es el caldo de cultivo ideal para el autoritarismo tecnológico.
La retórica de Palantir es la de la subordinación: gobiernos que se arrodillan ante los avances de la IA. Si el Estado argentino decide “tercerizar” su seguridad en las manos de Thiel, no solo estará comprando cámaras o bases de datos; estará importando un modelo de control social donde el algoritmo decide quién es sospechoso, quién es peligroso y quién debe ser silenciado, sin necesidad de jueces ni garantías constitucionales.
La libertad que Thiel y su entorno pregonan no es para los ciudadanos; es para que sus empresas operen por encima de las leyes nacionales. Si Buenos Aires se convierte en el laboratorio de pruebas para la “República Tecnológica” de Palantir, la seguridad ciudadana se transformará en una jaula de cristal vigilada desde Silicon Valley. Es hora de que el Gobierno explique qué hace Thiel aquí, antes de que el susurro de la IA se convierta en el grito de una soberanía perdida.
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