A pesar de la desaceleración inflacionaria, especialistas y centros de estudios económicos estiman que el índice de pobreza experimentó un incremento en el último trimestre del año pasado.
A pesar de la desaceleración inflacionaria, especialistas y centros de estudios económicos estiman que el índice de pobreza experimentó un incremento en el último trimestre del año pasado.
La calma en los mercados financieros y la baja del índice de precios al consumidor (IPC) no parecen haber permeado todavía en el tejido social más sensible de la Argentina. Según un informe publicado por LA NACION, diversos analistas privados y el Observatorio de la Deuda Social de la UCA coinciden en que la pobreza habría registrado un repunte entre octubre y diciembre de 2025. Este deterioro ocurre tras un breve periodo de alivio a mitad de año, marcando una brecha persistente entre los indicadores macroeconómicos positivos y la realidad del poder adquisitivo en la calle.
El factor determinante de este incremento es el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que en el último tramo del año creció por encima de los ingresos de los trabajadores no registrados. Mientras que el sector privado formal logró, en promedio, acompañar la inflación, el sector informal —que representa a cerca del 40% de la fuerza laboral— sufrió una pérdida real de ingresos. A esto se suma el impacto de la recesión en el consumo masivo, que afectó las “changas” y los empleos eventuales, motores fundamentales de la economía popular para evitar la caída bajo la línea de indigencia.
Desde el punto de vista estadístico, se espera que el dato oficial que publicará el INDEC en marzo confirme esta tendencia. Los expertos advierten que la pobreza se ha vuelto “estructuralmente resiliente” a las mejoras macro. Esto significa que, aunque la inflación baje a niveles de un dígito mensual, la falta de creación de empleo de calidad y la degradación de los servicios públicos dificultan que las familias que cayeron en la pobreza puedan salir de ella en el corto plazo. El “derrame” esperado por el Gobierno parece encontrar un cuello de botella en la baja calificación laboral y la falta de inversión en sectores intensivos en mano de obra.
La mirada internacional también sigue este proceso con preocupación. En los pasillos de Davos, donde el presidente Javier Milei ratifica su rumbo económico, los inversores y organismos de crédito observan la tolerancia social como la principal variable de ajuste. Si bien el superávit fiscal es celebrado por el mercado, la sostenibilidad de las reformas depende, en última instancia, de que la mejora económica llegue a los estratos más bajos antes de que se agote la paciencia social. El desafío del 2026 será, por tanto, transformar la estabilidad financiera en bienestar social tangible.
En definitiva, las proyecciones para el cierre de 2025 funcionan como un llamado de atención. La Argentina de dos velocidades —una financiera y otra social— presenta un riesgo de fragmentación que las políticas de asistencia directa, como la AUH, logran mitigar pero no revertir. Para el año que comienza, el foco de la discusión económica se desplazará de la inflación hacia la distribución del ingreso y la reactivación del mercado interno, las únicas herramientas capaces de perforar un piso de pobreza que sigue resultando inaceptable para el potencial del país.
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