Lo que comenzó como una prueba piloto en las guardias de los hospitales públicos porteños se ha convertido hoy en la norma general para todo el Estado local. El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, firmó el decreto N° 142-26, el cual establece que los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrán prioridad absoluta frente a bonaerenses y extranjeros en la totalidad de los servicios públicos, prestaciones y trámites administrativos.
La medida, que también lleva la firma del Jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, busca institucionalizar un sistema de “reconocimiento” para quienes viven y tributan en el distrito. Según el texto oficial, no se prohíbe el acceso a los no residentes, pero se establece un orden de atención que coloca al porteño al principio de la fila en cada solicitud de turno, cupo o vacante estatal.
Un Estado para los que pagan
El alcance de la “Prioridad Porteña” es total. Desde la solicitud de una vacante en una escuela pública hasta un turno para renovar la licencia de conducir o una consulta médica programada, el sistema de gestión de la Ciudad ahora filtrará por domicilio. Aquellos con residencia acreditada en CABA accederán a la oferta disponible de manera inmediata, mientras que quienes provengan de otras jurisdicciones quedarán relegados a un segundo orden de prioridad, sujetos a la capacidad remanente.
“Durante años, la Ciudad se hizo cargo de lo que otros no hacen. La incompetencia del otro lado de la General Paz la pagaban los porteños con sus impuestos. Se terminó”, disparó Jorge Macri a través de sus redes sociales. El mandatario fue tajante al definir la situación previa como una “injusticia disfrazada de solidaridad” y apuntó directamente contra el llamado “turismo sanitario”.
El colapso del sistema: Los números detrás del decreto
La decisión no es solo una declaración política; responde a una realidad estadística que el Gobierno porteño viene monitoreando desde 2025. Durante el último año, la red de hospitales públicos registró:
Más de 30 millones de prestaciones totales.
Un incremento del 30% en la demanda de consultas externas.
12.000 cirugías adicionales respecto al promedio histórico.
Este crecimiento en la demanda, traccionado en gran parte por pacientes provenientes del Gran Buenos Aires, terminó por convencer al Ejecutivo de que el criterio de prioridad debía ser sistémico. “La Ciudad tiene límites y sus recursos son de sus vecinos”, argumentan desde la calle Uspallata.
Límites y reclamos cruzados
Pese a la firmeza de la medida, el decreto contempla excepciones críticas. La prioridad de domicilio no se aplicará en situaciones de urgencia o emergencia sanitaria, donde la atención seguirá siendo inmediata para cualquier persona, sin distinción de origen. Asimismo, los servicios vinculados a la seguridad pública quedan fuera de este esquema.
En paralelo, el conflicto con la Provincia de Buenos Aires sumó un nuevo frente de batalla: las personas en situación de calle. El Gobierno de la Ciudad reclamó formalmente a la gestión de Axel Kicillof que se haga cargo de los ciudadanos bonaerenses en esta condición que se encuentran en territorio porteño, denunciando que la Provincia está incumpliendo con sus obligaciones básicas de asistencia.