El periodista y proveedor de la TV Pública mantuvo una audiencia con la cúpula del INCAA y una funcionaria clave de Manuel Adorni meses antes de que estallara el escándalo por el viaje a Uruguay. El foco estuvo puesto en la plataforma CineAR, en medio de los planes oficiales de privatización de contenidos públicos.
La trama de influencias de Marcelo Grandío, el periodista y empresario que quedó en el ojo de la tormenta tras el polémico viaje del jefe de Gabinete a Punta del Este, suma un nuevo y ambicioso capítulo. Según registros oficiales, los intereses de Grandío en la administración libertaria no se limitaron a sus millonarios contratos con la TV Pública; también puso la mira en uno de los activos que el Gobierno ha señalado para su privatización: la plataforma CineAR.
De acuerdo con un documento oficial al que tuvo acceso Perfil, el 15 de octubre de 2025 Grandío desplegó su agenda en las oficinas del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). La reunión, celebrada a las 14 horas en la sede de la calle Lima, no fue un encuentro casual. Allí lo esperaba la plana mayor del organismo: Carlos Pirovano (titular del INCAA), María Laura Elliff (gerente de Legales) y Carlos Vargas (gerente general).
Sin embargo, el dato más relevante fue la presencia de Bárbara Pintelos, subsecretaria de Medios Públicos y funcionaria de confianza directa del jefe de Gabinete. Su participación en el cónclave confirma que las gestiones de Grandío contaban con el aval —o al menos la supervisión— del corazón de la Secretaría de Comunicación y Medios.
El motivo formal del encuentro fue discutir la situación de CineAR, la plataforma de streaming dedicada al cine nacional. En el contexto de un Gobierno que promueve el cierre o la concesión de activos culturales deficitarios, la presencia de un proveedor del Estado como Grandío dispara interrogantes inevitables. ¿Buscaba el productor audiovisual quedarse con la gestión de la plataforma o actuar como intermediario en su traspaso al sector privado?
Hasta el momento, el silencio es la única respuesta oficial. Ni el INCAA ni la Subsecretaría de Medios han brindado detalles sobre las conclusiones de aquella conversación, pero los antecedentes de Grandío alimentan las sospechas de un conflicto de intereses.
Este nuevo dato surge mientras la Justicia avanza sobre el entorno del periodista. El escándalo estalló en febrero de 2026, cuando el jefe de Gabinete y su familia viajaron a la casa de Grandío en Uruguay durante el feriado de Carnaval. La investigación judicial, liderada por el juez Ariel Lijo, intenta determinar si los vuelos privados fueron un regalo empresarial o si, como afirma el funcionario, los pagó de su bolsillo.
El martes pasado, la causa dio un paso clave: el peritaje de los llamados telefónicos entrantes y salientes de Grandío. Los investigadores buscan establecer si existe un nexo directo entre el pago de los traslados vacacionales y los cuatro contratos que el periodista mantiene con la TV Pública a través de su productora, ImHouse.
“Lo invité a mi casa porque hacía dos años no se tomaba vacaciones. Pagó con su plata… me lo pagó a mí y tengo el recibo”, declaró Grandío en un intento por desligar al funcionario del escándalo. Sin embargo, el famoso recibo aún no ha sido presentado públicamente.
La exploración de negocios en el INCAA demuestra que Grandío no era simplemente un proveedor técnico, sino un actor con acceso privilegiado que buscaba expandir su “core business” en áreas sensibles de la gestión cultural, justo cuando el Gobierno preparaba el terreno para el desguace de las estructuras tradicionales de fomento al cine.
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El periodista y proveedor de la TV Pública mantuvo una audiencia con la cúpula del INCAA y una funcionaria clave de Manuel Adorni meses antes de que estallara el escándalo por el viaje a Uruguay. El foco estuvo puesto en la plataforma CineAR, en medio de los planes oficiales de privatización de contenidos públicos.
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